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Últimamente se discute sobre la legitimidad de quienes se posesionen el 24 de mayo de 2021 en el Ecuador. Siendo uno de los principios de ésta el acceso al mando en el tiempo y la forma prevista en la Constitución, el calendario electoral debe cumplirse a cabalidad.
Sin embargo, sobre la legitimidad de origen prima la legitimidad de ejercicio pues la sola legalidad no garantiza la justicia del gobierno. Así, un gobierno no muy legítimo puede llegar a serlo si su gestión satisface las necesidades de la población y soluciona los problemas más urgentes.
Ejemplos hay muchos, gobernantes con mayoría de votos que fueron perdiendo apoyo popular; y quienes empezaron con poco respaldo pero fueron ampliando su base.
De ahí que, quien disputa el poder debe preocuparse de que su triunfo se de en el marco de la ley; y su mandato instituya políticas sociales, de atención y oportunidades así como de políticas que incidan en la buena marcha de la economía.
Ahora bien, extrapolando este ejercicio teórico al ámbito nacional, la pugna entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral incide en la transparencia del proceso pues sus decisiones afectan directamente a los sujetos políticos, sus organizaciones, y derechos de los electores, abonando a la desconfianza.
Pugna que se agrava cuando se denuncia la no participación de un candidato a la Presidencia de la República, la impresión errada de papeletas de un movimiento político con otro nombre y una supuesta reunión de consejeros con actores políticos.
Lo expuesto evidencia la falta de institucionalidad, falta de democracia interna en partidos y movimientos, el comercio de membretes reflejado en candidatura de pésima calidad y un primer debate con dieciséis presidenciables que deja más memes que aciertos.
Por lo que el sistema político requiere una seria, urgente y democrática reforma que incluya a los ciudadanos y la rendición de cuentas de los fondos partidarios y financiación de campañas.