Uno de los frutos de la mesa de diálogo relativa a las deudas crediticias mantenidas en Banca Pública y en Banca Privada, concebido luego de las negociaciones y acuerdos entre el gobierno de Ecuador, autoridades estatales y los movimientos indígenas y sociales fue el denominado ‘mecanismo extraordinario y temporal de alivio financiero’. Tal fruto, a la fecha, está materializado en la resolución de la Junta de Política y Regulación Financiera número JPRF-F-2022-032.
El referido mecanismo de alivio financiero (o, en términos más sencillos, el ajuste de las condiciones crediticias inicialmente fijadas) tiene alcances. Varias hechos, y no son opiniones: a) cada entidad financiera (acreedora), sea de naturaleza estatal o de índole privada, analizará caso por caso, para proceder a un refinanciamiento (básicamente significa que se busca que la deuda se estire, o lo que es lo mismo el conseguir mayor plazo, en función de la capacidad de pago de la persona deudora; y donde se establece una tasa de interés para el pago a realizar) o a una reestructuración (básicamente equivale al cambio de la estructura de la obligación impaga, que puede abarcar el valor de cada cuota, el plazo, o el periodo de gracia; esto frente al deterioro financiero de la persona deudora, y también, cuando en una misma institución financiera se tiene más de un producto financiero contraído e impago; la idea es ubicarse antes del incumplimiento y evitar el no pago, el que se carguen costos de intereses por mora y el ir hacia el refinanciamiento) de las deudas vencidas; b) la obligaciones crediticias vencidas que se considerarán son aquellas que resultaron producto de línea(s) de crédito concedida(s) únicamente a través de los siguientes segmentos: microcrédito, o productivo PYMES o educativo; c) las personas beneficiarias serán naturales u organizaciones, y que su capacidad de pago se haya visto disminuida; d) las deudas contempladas para el efecto son aquellas que se encuentren vencidas a partir del 01 de enero de 2020 hasta el 30 de junio de 2022; e) el refinanciamiento o la reestructuración procederá cuando se suscite el acuerdo con la persona deudora, previo a que sea la(el) interesada(o) quien lo solicite; f) este procedimiento incluirá periodos de gracia, no producirá gastos por gestión de cobranzas o por costos legales; g) las operaciones crediticias que sean reestructuras o refinanciadas tendrán -una vez que se instrumenten- como calificación de riesgo ‘A1’, y se mantendrán con esa calificación siemrpe que se cumplan con los pagos; y, h) este mecanismoo puede ser solicitado desde el 21 de julio de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022.
Lamentablemente, y es lo que me preocupa: esto no es para todas y para todos.
Preciso mi aseveración, desde la rigurosidad que me caracteriza como catedrático universitario y como analista económico: en principio es correcto que una medida de ajuste de condiciones crediticias iniciales no sea para todas y para todos. Dentro del contexto de banca privada, es conveniente indicar que los recursos colocados (que estuvieron disponibles para la concesión de préstamos, y que se concedieron) al público devienen de los recursos captados (que fueron confiados y entregados a la entidad financiera) desde el público. Dicho aquello, sería una decisión descabellada otorgar ‘alivio’ a quienes han venido honrando sus obligaciones crediticias y, a la fecha, lo pueden seguir haciendo sin problema. Por el contrario, sería viable, deseable y demostraría una voluntad de querer que el mayor número de personas se reactiven (y, sobre todo, disminuir la carga emocional de las personas que mantienen deudas vencidas) que se brinde ‘alivio’ a quienes no han podido cumplir con sus obligaciones crediticias (una o varias, en la misma entidad financiera o en más de una), siempre y cuando sus incumplimientos no se originen por aspectos personalísimos (como el no tener la voluntad de cancelar, la irresponsabilidad y el actuar amoral), sino que se originen por aspectos exógenos los cuales hayan impactado negativamente su situación socio-económica y que le impidan cumplir con la(s) obligación(es); aspectos exógenos como la pandemia de la COVID-19 y sus impactos y efectos, por citar -más cercano a nuestra realidad- el impacto y efecto que ésta generó al agudizar la escasez de oportunidades y, consecuentemente, la tarea casi titánica que se debe realizar hoy para alcanzar empleo, mismo que se anhela que genere a la persona estabilidad, capacidad para honrar las deudas bancarias adquiridas, y que le proporcione salario alto en pro de promover mayor bienestar individual y colectivo.
Y es que percibo que nuestras autoridades estatales (no todas, pero sí la mayoría) poco observan y, por ende, no comprenden la realidad de un buen número de personas que, hoy en día, la están pasando mal. Me temo que sigue faltando empatía. Presiento que, tal vez, es probable que varias de nuestras autoridades nunca han experimentado periodos de austeridad o de “vacas flacas” y justamente por esa razón el “ponerse en los zapatos” de las y los más necesitados no pasa de un ligero y superficial lamento. A más de que en materia de trabajo para acortar las brechas de desigualdad el trabajo ha sido exiguo, y en lo concerniente a construir puentes con el sector privado en aras de brindar estímulos para elevar la oferta laboral y disminuir la enorme demanda, los hechos demuestran que no se corre, ni se trota, quizá se está gateando. Tan solo veamos dos ejemplos:
- personas que vienen desde hace varios años siendo parte del “equipo” de las y los desempleados, aunque posean competencias profesionales (al menos un título de tercer nivel de educación, o universitario); son pilares de hogar (cabezas de economía real); en su seno familiar (típicamente conformado por dos adultos y al menos un(a) menor, el medio económico para alimentación y medicinas, por “excelencia” ha sido la tarjeta de crédito; actualmente la persona cabeza de familia (y su pareja, quizá) está altamente apalancada con la entidad financiera emisora de esa tarjeta de crédito, estando la persona en imposibilidad de honrar el crédito concedido, casi siempre en estado ‘vencido’, dado que no cuenta con ingresos fijos, y sus ingresos variables son inestables o muchas veces inexistentes. Se agrava el panorama cuando la persona endeudada lo está con más de una entidad financiera, dado que en los tiempos de “vacas gordas” obtuvo más de una tarjeta de crédito, y en la “mala racha”, y aunque estaba consciente de su situación como sujeto de crédito, gravitaba una necesidad imperante y fundamental: el estómago de su hogar, y por ello, a medida que saturaba una tarjeta de crédito (a través de avances), avanzaba con la siguiente ¿Se ha pensando en aquellas personas? ¿Se las ha dejado solas?
- personas que confiaron en el Estado, dado que éste les ofreció formación académica (en el país, o fuera del mismo) mediante el apoyo financiero, y con la garantía que, una vez culminados sus estudios, el aparato estatal ofrecerá espacios laborales para aportar a la construcción de tejido social a partir de ese know-how adquirido. ¡Fue un espejismo! Al día de hoy, muchas personas que obtuvieron crédito educativo y que terminaron sus estudios, se encuentran abandonadas por aquel Estado que les prometió acompañamiento y empleo. Es más, el considerable número de personas deudoras de crédito educativo se encuentran con temor ya que deberán enfrentar un potencial proceso de jurisdicción coactiva, impulsado por el Estado, para que la deuda sea honrada. En suma: frente a la imposibilidad de pago, por estar desempleadas, y del crecimiento de intereses por mora, el Estado activará acciones legales y la deuda inicial, crecerá, en virtud de que, si se llegara a cristalizar convenio de pago (conforme las recientes reformas a la LOES), nadie salva de los intereses incurridos. Genera alarma apreciar cómo algunos profesionales en distintas ramas tienen suerte y llegan a conseguir empleo, pero se desenvuelven en facetas tales como el ‘delivery’ o la conducción en el ‘servicio de transporte informal’, donde la preparación académica recibida no puede ser ‘puesta en marcha’. ¿Se pensó en esa situación? Pero más alarmante y triste aún es observar la reciente convocatoria de una entidad estatal municipal para llenar vacantes para el servicio de aseo urbano, donde (en números redondos) se ofertaron cerca de 200 vacantes bajo una remuneración de alrededor de 500 USD, y horas después del inicio de la jornada, se presentaron más de cinco mil personas.
Veamos únicamente una cifra (números fríos, les conocen en el mundo del análisis estadístico): según información estadística de la Superintendencia de Bancos de Ecuador, al año 2021 (cifras disponibles), las operaciones de mayor magnitud fueron las del segmento de crédito ‘consumo’, bordeando los 4 millones USD (de un total de 9,2 millones USD) [43%], le sigue el microcrédito con cerca de 2,7 millones USD [29%], y en un tercer lugar el crédito productivo con 1,7 millones USD [18%].
Aunque es altamente riesgoso colegir a partir de una cifra, es viable poder, al menos esgrimir, que el segmento de crédito de consumo es importante; es muy importante. La pregunta clave: ¿Por qué fue olvidado respecto a también poder brindar un alivio financiero?. He escuchado a la lideresa de la Junta de Política y Regulación Financiera manifestar que únicamente se consideraron a los tres sectores arriba descritos dado que ellos son los que generan fuentes de empleo, y que, con este auxilio estatal temporal se estimula a que (según palabras de la propia funcionaria, es una consecuencia) aquellas personas dedicadas al emprendimiento mejoren sus condiciones financieras y, una vez lograda tal, cooperen a reducir los índices de desempleo. Creo que la respuesta de la funcionaria no se compadece con la data existente. Es válido y concuerdo con la idea de que el brazo estatal se extienda a quienes son parte del sector privado llamado a generar empleo, pero se torna sumamente difícil comprender el por qué se dejó fuera a quienes son parte -grueso- del segmento crédito de consumo, hoy preocupantemente apalancados. Desconozco si se está restando importancia a la capacidad adquisitiva de las personas deudoras de créditos en Banca privada, y que son quienes, al recuperarse y fortalecerse financieramente hablando, pueden demandar mayor producto/servicio del aparato productivo, y, es en ese momento que el aparato productivo (con auténtica evidencia) puede propender a ampliar su oferta, y así se vuelve para dicho sector una imperante necesidad el contar con mayor elemento humano, altamente preparado y que permita atender a la demanda que está experimentando. Ante una demanda con mayor capacidad adquisitiva y con disminución en sus pasivos, la oferta crecerá. Es un engranaje. Conforman ambos un círculo virtuoso. Lo contrario implica empujar a que la oferta crezca pero para atender a una demanda virtual que en la práctica no estará presente, y si lo está será aquella con actitud irresponsable que estila a “abrir un hueco para tapar otro”. ¡Eso no es sano! Temo que únicamente atender a uno de los sectores, será una medida parche, que no soluciona lo de fondo: la reactivación desde la economía real.
El consenso dio su fruto. El quid está en que ese fruto se aprecia insuficiente.
