Así se llama a la acción del Gobierno en el ámbito del trabajo y en beneficio de la clase trabajadora, confirmada el 15 de noviembre, con motivo de conmemorar el surgimiento en el Ecuador de la clase obrera organizada, tras enfrentar a la política hambreadora y saqueadora de los capitalistas y su gobierno, de José Luis Tamayo, que decidió la masacre de miles de hombres y mujeres, acción macabra condenada por la humanidad progresista.
La clase trabajadora, con este referente y enarbolando su bandera de lucha y las ideas universales del socialismo, se ha organizado con más fuerza desde que nació el Partido Socialista (1926) y luego el Partido Comunista (1933) y ha luchado por sus derechos, habiendo logrado importantes conquistas, tras duras luchas contra los gobiernos de la burguesía.
Este Gobierno se ha definido como gobierno de la clase trabajadora y la Revolución Ciudadana como proyecto político por y para su beneficio y de todo el pueblo.
Esto obliga a agregar oficialmente la Revolución del Trabajo como la N° 11 y a desagregar en sus planes y oficializar su contenido, con claras definiciones y objetivos, señalados por Rafael Correa con motivo de la entrega de las reformas al Código de Trabajo, que de modo alguno debe congelar la aprobación del nuevo Código, como lo quiere la derecha, para lo cual utiliza a un puñado de dirigentes, les financia marchas, y van, más allá de lo laboral, a objetivos desestabilizadores y de apoyo a la restauración conservadora, o sea, de vuelta al neoliberalismo que tanto daño hizo a la clase trabajadora.
Son indiscutibles los avances logrados: eliminación de la tercerización, seguridad social para las trabajadoras domésticas, reconocimiento del trabajo autónomo, mejoras salariales a aquellas, maestros, fuerza pública y trabajadores en general, eliminación del trabajo infantil, incorporación de los discapacitados, etc. Junto a esto, las mejoras en salud y educación gratuitas, vivienda, seguridad social que los beneficia.
En la nueva política hay rechazo a viejos conceptos y categorías (’capital humano’, ‘mercado laboral’, ‘trabajo solo para el mercado’), se proclama como necesario el ‘sistema laboral’, con participación del Estado y el sindicalismo, se reconoce toda forma de trabajo, incluido el no mercantil, jubilación digna de toda persona, incluidas las amas de casa, (más de 1’700.000 mil) en función de la seguridad universal, principio constitucional.
Esta política reitera un objetivo socialista claro, la supremacía del trabajo humano frente al capital, sin el cual no puede haber justicia social; lo que supone -además- estabilidad, reconocimiento de derechos, respeto a la organización sindical, democratizándola, disminución de diferencias salariales en búsqueda de equidad.
La Asamblea debe estimular la discusión de las reformas para mejorarlas en beneficio; por cierto que el tope a las utilidades debe ser revisado (¿no debería limitarse la de los accionistas?) y la estabilidad en el ámbito público, frenando los abusos de altos funcionarios públicos que despiden a diestra y siniestra a los contratados, creyendo que con su gestión recién se inicia la del Gobierno o que son una isla dentro de él.
La nueva política supone que las diferencias no solo son del capital con el trabajo, sino del Estado con la empresa y el interés común con el mercantil.
Buena la masiva jornada, ayuda a crear un buen ambiente para aprobar las reformas, alienta el nacimiento de la Central Única de Trabajadores (CUT) y a frenar la arremetida de la derecha y de los redomados tontos útiles a su servicio, que olvidan que sus prácticas han sido archivadas en los territorios con gobiernos progresistas y revolucionarios.
