El 25 de octubre de 2020, Chile acudió a las urnas y decidió cambiar su Carta Magna, la cual era herencia de la dictadura de Augusto Pinochet. En estos históricos comicios, la población también decidió el mecanismo para redactar una nueva Constitución, a través de una Asamblea Constituyente paritaria. Este hecho no solo nos llenó de alegría por nuestro hermano país del cono sur; sino también que, como ciudadanas y ciudadanos de la región, nos llena de esperanza que la población pueda ser parte fundamental de este proceso democrático tan importante.
No obstante, semanas atrás, un hecho empañó esta situación. El sistema de cebra que fue planteado para la conformación de listas y que comprendía el encabezamiento de mujeres y la alternancia sucesiva fue subestimada por el Servicio Electoral, el cual aceptó listas que no cumplieron con la norma de paridad 21.216 aprobada por el Congreso, arrojando así dudas sobre los procedimientos del órgano electoral. Una vez más, se habría interpretado la paridad de género, modificando el espíritu de la ley. Es decir, la norma establece la regla de la cebra, pero luego se la limita en las listas impares, provocando así una válvula de escape para las cuotas de género.
Lo que ocurre en Chile no es nuevo, también lo experimentamos en Ecuador en varias ocasiones. Una de ellas fue cuando en 2019 no se respetó el principio de paridad de género para la Vicealcaldía de Cuenca que ampara el Art. 317 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía Descentralización, donde se ha dejado un vacío que da paso a una inadecuada interpretación frente a la paridad entre hombres y mujeres, debido aquella frase de la norma que restringe su alcance a “donde fuere posible”. Esto ha ocurrido, a pesar de lo que establece la Carta Magna ecuatoriana y la Convención contra la Discriminación de las mujeres que buscan la paridad. Es claro que la ley no puede ser a medias y no puede ser interpretada en contra de su esencia.
No hay justificación para no respetar la alternancia, exijamos que se respete y garantice la paridad en todos los procesos electorales. Solo así nuestra democracia representativa podrá dar garantías de equidad y verdadera inclusión.
