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El Telégrafo
Juan Francisco Román

La injusticia del retardo

01 de junio de 2021 - 00:00

Creo que todos hemos sido “victimas” en algún momento de nuestras vidas de los trámites burocráticos en alguna institución pública. Estoy seguro que después de leer la primera línea de esta columna le generé un serio problema, le recordé un momento angustioso, es más, creo que se enojó.

Bueno, vamos darle una vuelta completa al trámite en institución pública. Es obligatorio que cada ecuatoriano, en algún momento, tenga que acercarse a una función del Estado para solicitar un servicio, un producto para poder llegar al lugar deseado; aquí es donde comienza la pesadilla.

Llegas al lugar y ves una fila enorme, por más temprano que te hayas levantado, y la consecución del proceso puede llevarte horas, si no días. Pero eso no más es el inicio, por que después de esperar y esperar tienes que enfrentarte al funcionario público. Esta persona usualmente no te quiere ver, o tal vez si te quiere ver, pero no lo demuestra. Los requisitos como copias de cédula a color, tipo de letra, documento notarizado, firma igual que la cédula son algunas cosas que irrisoriamente escuchamos cuando presentamos la información para culminar el proceso.

Por su lado, no es menos cierto que el funcionario público tiene un miedo, un pavor, tiene una pesadilla que no le permite dormir en las noches; tiene al fantasma de la Contraloría General del Estado que le susurra en el oído “mejor sobre que falte, porque, si falta, te gloso”. No se rían, es verdadero ese miedo.

Bueno, regresando a la experiencia del ciudadano, las cosas no se cumplen, no se culminan en el tiempo que debería ser, pues en Quito, un Registro Único de Contribuyentes puede durar semanas, si no meses en ser expedido. Es decir, una persona natural o empresa debe esperar días o semanas para poder facturar y pagar los impuestos a quién le ha puesto una barrera para que le pueda pagar. Esto debe parar y ya.

En un análisis muy pequeño y poco técnico les podría decir que la traba en los trámites son la información que una persona debe presentar una y otra vez para que la función pública pueda verificar si realmente la persona que lo solicita es titular del trámite que se pide; así mismo, la existencia de cosas, bienes derechos que se verifican con certificados de otras funciones públicas hacen que el tiempo de espera de multiplique al punto de la desesperación.

Entiendo también que la verificación debe ser minuciosa por parte de la función pública, pero, también creo que la centralización organizada de información ciudadana que se encuentra regada por todo el sistema puede solucionar y mucho esta situación. Es decir, si se organiza nuestra identidad (Registro Civil), nuestra verificación que ejercimos el voto (Consejo Nacional Electoral) ya podríamos dejar de pedir copias espantosas y ahorrarnos unos minutos.

La tecnología organiza, archiva y calcula de manera perfecta la certeza de la información, centralizarla es un trabajo enorme, pero créame señor Estado, nos ahorraría mucho dinero y tiempo tanto funcionarios públicos como a ciudadanía en general.

Esto debe ser un debate desde ya en la Asamblea Nacional, pues la misma reducción de tiempos en la tramitología y el evitar que la solicitud pase por la decisión de tantas personas verificadoras, hasta reduce la posibilidad de que alguien, el que sea, se le ocurra pedir para las colas o el proceso no sigue.

Creo que es urgente que Ecuador invierta en plataformas de inteligencia artificial, que las instituciones públicas se unan en un gran proyecto de centralización de la información y los ciudadanos nos sintamos satisfechos con un servicio público, así como el funcionario público se sienta lo suficientemente seguro y protegido con herramientas tecnológicas para generar un ecosistema amigable y dejemos de ser ciudadanos versus funcionarios públicos.

¡Digitalicen al Estado ya!

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