La “Ley de escasez” dice que los recursos no alcanzan para atender las necesidades que son ilimitadas. Esto se comprueba en diversos espacios de la vida pública y de la sociedad; lo sabe el ama de casa, el gerente de una empresa, la autoridad educativa, el profesional y, obviamente, también el gobernante. Entonces, para avanzar y concretar objetivos se debe priorizar la atención de las necesidades, más aún en medio de la crisis sistémica actual.
Los efectos de las pandemias de salud y de corrupción que nos azotan son devastadores; han cobrado más de 18 mil vidas en el país, han destruido el tejido socio económico dejando a mucha gente desempleada, subempleada o en la informalidad -la tasa de empleo adecuada según el INEC ronda el 32% de la Población Económicamente Activa-, y nos han heredado una deuda externa superior a USD 60 mil millones. Se oye, además, que la corrupción ha costado al Ecuador USD 70 mil millones en los últimos 14 años.
Solo la educación puede cambiar esta desoladora situación, y debe ser prioridad nacional. El Estado tiene la responsabilidad constitucional de crear condiciones favorables y de financiar la educación pública de todos los niveles. Necesitamos maestros que eduquen y formen ciudadanos cultos, cívicos y éticos, a científicos que investiguen y creen conocimiento, a pensadores, profesionales y emprendedores eficientes.
Ignorancia es condenación. La sociedad se salva con educación, por lo que ésta debe estar en el centro del debate y para la atención oportuna con políticas, normativa y recursos efectivos; de lo contrario perjudicamos el presente y futuro, así como la capacidad para enfrentar nuevas crisis. Los países más prósperos y con mejor calidad de vida son los que se preocuparon a tiempo por la educación; descuidarla es un mal negocio por donde se mire. La educación es punto de encuentro seguro entre las necesidades urgentes, los recursos escasos y las acciones prioritarias de gobierno.
