Con expectativa los ciudadanos de todo el país, no solamente los quiteños o los habitantes de la Capital del Ecuador, esperábamos, el pronunciamiento de la CORTE CONSTITUCIONAL, en el tristemente célebre para la ciudad: Caso Yunda.
El argumento del ahora ex alcalde de Quito, de que ganó la alcaldía en las urnas, era inobjetable, la precaria mayoría que logró, dado la cantidad de candidatos que se repartieron los votos, le dieron el triunfo, y por ello tuvo la oportunidad que otros alcaldes honraron y dignificaron con grandeza, la de ser el Burgomaestre de una ciudad gloriosa, llena de historia, linaje, y para más señas Patrimonio Cultural de la Humanidad.
El 29 de septiembre de 2021, la Corte Constitucional (CC) aceptó igualmente de forma inobjetable la acción extraordinaria de protección presentada por Santiago Guarderas, quien es actualmente el alcalde de Quito, tirando a tierra, las sentencias de primera y segunda instancia dictadas por la jueza María Belén Domínguez y la Corte Provincial de Pichincha, que dieron oxígeno al ahora ex alcalde Yunda para que se quede un tiempito más en el cargo.
Y hay más: A la fecha de esta publicación ha sido destituida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, la mencionada jueza María Belén Domínguez, igual destino le ha correspondido a la ayudante judicial Daniela A.
La destitución se fundamenta en el numeral 13 del artículo 109 del Código de la Función Judicial (COFJ), que señala como “Infracciones Gravísimas la de “Ejecutar de forma irregular el sorteo de causas cuando sea obligatorio dicho requisito para prevenir en el conocimiento de las causas”.
La ahora ex jueza desconoció la remoción que en contra de Yunda hiciera el Concejo Municipal y dio paso parcialmente a una acción de protección impulsada por el también ahora ex alcalde, quien decía que el informe de la Comisión de Mesa del Concejo Metropolitano, con el que se le removió su cargo, no cumplía con el principio de imparcialidad.
La Corte Constitucional ha desbaratado por mayoría absoluta la argumentación jurídica de Yunda, y ha sido contundente en señalar que las sentencias de la destituida jueza Domínguez y la de la Corte Provincial de Pichincha “vulneraron los derechos a la seguridad jurídica”.
El pronunciamiento de la Corte Constitucional, es de alguna manera excepcional, en un Estado de Derecho como el ecuatoriano en el que la ciudadanía tiene plenas y justificadas dudas de la transparencia de la justicia, de la actuación de ciertos jueces, en todo tipo de causas.
La Corte Constitucional nuevamente cumple y deja lecciones, cuenta con el respeto ciudadano, porque ha demostrado que no se “casa con nadie” y que actúa con saberes, con pleno apego a la Constitución y en tal línea por sobre todo aplica el ético cumplimiento de su deber.
La Corte Constitucional, -entre tanta barbaridad jurídica que se lee todos los días, entre el dolor que genera la violencia instalada en el país, entre la manifiesta ineptitud y poco compromiso con el Ecuador y sus más altos fines de la Asamblea Nacional, - es la institución más confiable, junto con las Fuerzas Armadas, para el mantenimiento de la democracia, el respeto a la Constitución y al Estado de Derecho pleno.
Quito tiene que recuperar el tiempo perdido. Menos mal ya no está a la deriva, ni en manos negligentes. El Concejo Municipal, corresponsable del gobierno de la ciudad debe dar ejemplo de trabajo despojado de banderas políticas, sino quiere ser recordado como el peor de la historia. La Corte Constitucional ha dado lugar a que, dentro de la Constitución y las leyes, la Capital del Ecuador aspire a mejores días.
