La acción de comunicar es un derecho inherente al principio de libertad. Por lo tanto es irrebatible el concepto de la comunicación como servicio público; principio que se propone sea constitucionalizado mediante las enmiendas a la Constitución que han sido propuestas. Esto significa que la persona, colectivo, empresa o institución que mediatice la comunicación social tiene que facilitar la circulación de la información, reconociendo que está realizando un servicio público.
Muchos se preguntarán, ¿por qué entonces un periódico debe cobrar por difundir información, si esa información es un bien público?
Ocurre algo parecido al caso del agua, que es un bien de todos y de todas. Y en ese sentido es necesario señalar que lo que se cobra teóricamente es el costo del soporte (tinta, papel, energía eléctrica y más) y en ningún caso, la información o la acción para facilitar la comunicación.
Los que cacarean hablando de libertades y libertad de expresión deberían ser los primeros que defiendan la enmienda constitucional que consagra el principio de la comunicación como servicio público. Lo público es el lugar de todos y de todas, el lugar de encuentro, de las relaciones abiertas y dialogantes. Lo privado es lo cerrado, lo que pertenece a una persona o a pocos. Ergo, es imposible que la comunicación sea un bien y servicio privado.
Los medios de comunicación, los llamados ‘mass media’ tienen que comprender que no producen mercancías (carros, ni carteras o zapatos); sistematizan y circulan información, componente del fenómeno social y amplio de la comunicación social, por ello tienen una alta responsabilidad, deben generar servicio público y evitar que se vulneren derechos y sobre todo la libertad que tiene la ciudadanía para acceder a la información y de ese modo tomar decisiones bien informadas y responsables.
En el fenómeno de la comunicación, desde siempre, existen espacios privilegiados que en general son consecuencia de la historia del “capitalismo impreso”, fenómeno que convirtió a la información masiva en un negocio y no un acto desinteresado ni filantrópico.
En realidad esos espacios privilegiados se caracterizan por tener un “megáfono”, lo que quiere decir que tienen la capacidad de amplificar en el tiempo y en el espacio la información, y por lo tanto tienen una posición de poder.
Esta posición dominante más el afán de ganar dinero hace confundir a algunos empresarios de la comunicación, quienes siguen creyendo que la comunicación es un servicio privado y no un servicio público.
Una de las enmiendas a la Constitución de la República del Ecuador más importantes, es la que consagrará a la comunicación como servicio público.
Yo fui asambleísta constituyente entre los años 2007 y 2008, y defiendo la idea de que la realidad es dinámica y que el ‘pacto político’ debe ajustarse siempre que se trate de profundizar la democracia.
