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Oswaldo Paz y Miño

La Comisión "tumbadora"

10 de noviembre de 2021 00:00

A la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y de Interculturalidad integrada por  legisladores alineados políticamente con el prófugo de la justicia ecuatoriana, el  ex presidente Correa, y con el apoyo de  la ultra oposición que lidera el señor Leónidas Iza, la Asamblea Nacional del Ecuador desvío el caso denominado “Pandora Papers”, dizque “por ser un hecho de gran interés ciudadano que ha generado seria conmoción social, que involucra al actual primer mandatario del país. 

Que se conozca ninguna conmoción social se ha dado en el país, ni se ha previsto ninguna otra, que no sea la toma de carreteras ilegal e ilegítima promovida por el activista Iza, en la intención de paralizar el país, acción que concluyó con el largo feriado, que acabamos de pasar.

No es, ni era competencia de la mentada Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y de Interculturalidad” “la investigación”  que forma, espuria y  ad hoc, se le encargó,  ya que en rigor jurídico, tal tarea indagatoria le correspondía a la Comisión de Fiscalización, que inclusive inició su trabajo, pero manipulaciones políticas al interno del Poder Legislativo, la excluyeron,  o sea, el frente contrario al gobierno:  correísmo, PSC y PK se impuso con la dictadura del voto, a la razón constitucional y legal.

La Comisión de Garantías Constitucionales con fecha 5 de noviembre emitió su para nada sorpresivo informe, de mayoría, contraria al presidente Lasso, que señala que el mandatario según esos comisionados habría incumplido con la ley que impedía a candidatos y a funcionarios a tener inversiones, en los llamados “paraísos fiscales”, y suelta prenda, sugiriendo la destitución del gobernante, planteamiento que ha sido considerado aventurero y traído de los cabellos dentro de la propia Asamblea, que deja, sin piso, el informe analítico de la tumbadora comisión.

La Comisión de Garantías Constitucionales avalada en una interpretación antojadiza de sus atribuciones, no demuestra, salvo su sutil recomendación de sacar a Lasso del gobierno, al tenor de cierto artículo de la Constitución, que el actual presidente haya incumplido con la normativa que entró en vigor en septiembre del 2017.

Deja de lado la mayoría de la Comisión de Garantías Constitucionales, un apunte constitucional, el de que, otro poder del Estado la Función Electoral, consintió, aprobó, admitió sin reparos la candidatura de Guillermo Lasso, lo que quedó ratificado cuando la candidatura fue objetada en el proceso electoral que posteriormente concluiría con la derrota del candidato correista, uno de los que ahora lanza dardos contra quien lo venció en las urnas. 

El informe de mayoría de la comisión de marras, no ha documentado, no ha presentado pruebas de las supuestas actuaciones ilegales del presidente de la República en funciones, así concluye el informe de minoría, que remarca: “No se puede incumplir con la prohibición de mantener bienes o capitales en un paraíso fiscal de una norma que no existía”.

La Comisión y su mayoría tumbadora, no ha podido desmentir de forma jurídica, documentada, motivada, legal, formal, lo afirmado por el presidente Lasso:
"Ni al inscribir mi candidatura presidencial, ni desde entonces hasta hoy, he estado incurso en la prohibición referida.

El informe de minoría entregado el 7 de noviembre, igualmente denuncia que el documento que soporta la investigación elaborada por la mayoría de los integrantes de ese cuerpo colegiado contraria al gobierno, no tiene sustento ya que no contaron con la fuente original de los llamados Pandora Papers, y denuncia que, de los comparecientes citados por la comisión para investigar, no asistió ni el 50 por ciento y señala que los llamados “expertos” que en ella participaron fueron “sesgados”.

 Todo lo dicho por la minoría de la Comisión, a contrario sensu, de lo que sugiere la mayoría que insinúa la posibilidad de destitución del presidente de la República, deja sin piso a los opositores de Lasso, cuya tendencia y propósito político públicamente sido conocidos por su intencionalidad de desestabilizar al gobierno. Sin embargo, parece, han arado en el mar.

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