Los procesos de profesionalización de la burocracia ecuatoriana han sido dispersos y sin una clara definición de estrategias y objetivos vinculados con las políticas de Estado. La burocracia tiene diferentes acepciones, entre ellas y la más conocida, la de que la integran todos los funcionarios que trabajan para el Estado en sus dependencias públicas.
El Estado ecuatoriano tuvo su primer momento de clara necesidad de disponer de especialistas en gestión pública con la Revolución Juliana de 1925, tras la cual llegó a Ecuador la Misión Kemmerer con una serie de propuestas de remodelación de la administración pública. En ese tiempo ya se requirió de especialistas en la gestión de lo público, por lo cual había la necesidad de entrenarlos y capacitarlos en procesos propios de la función pública del Ecuador. Otro momento importante aconteció en la década de 1950, cuando nuestro país, resultado de ser el primer vendedor de banano de mundo, requirió administrar las finanzas públicas y el sistema de planificación; como consecuencia se crea en 1958, en la Universidad Central, la primera escuela de administración, especialista en el campo de lo público. En 1959 se expide la Ley de Carrera Administrativa, con la finalidad de mejorar la marcha del aparato, normativa que determina la estabilidad de los empleados públicos idóneos, su capacitación técnica y el sistema de selección por méritos. Estos tres hechos son fundamentales para comprender la génesis de la profesionalización.
En la época de un Gobierno de facto, el del general Guillermo Rodríguez Lara, se crea una institución para los profesionales de perfil direccional del Estado, el Instituto de Altos Estadios Nacionales (IAEN), que se constituye en la primera universidad de posgrado del Ecuador. Luego, durante el retorno a la democracia, se crea la Secretaría Nacional de Desarrollo Administrativo (Senda) en la gestión del presidente Rodrigo Borja (1988-1992), entidad que buscó la modernización y la profesionalización de las instituciones estatales.
En 2010 se le entrega al IAEN la responsabilidad de la formación y capacitación del funcionario público. La burocracia, en cualquier Estado moderno, es uno de los pilares institucionales para el eficiente funcionamiento del sistema democrático y para la aplicación de un Estado de derecho; al tiempo que brinda coherencia a las políticas de gobierno. Por otro lado, cuando se la debilita, tiende a generar ineficacia, desorden y desperdicio de los recursos públicos.
El Gobierno del Encuentro del presidente Guillermo Lasso deberá seguir en el proceso de modernización y profesionalización de la gestión pública para consolidar su carrera civil y el Estado democrático. Con la pandemia hemos sido testigos de la importancia de disponer de una burocracia altamente profesionalizada y trasparente, dentro de los mejores niveles de calidad que exigen sus gobernantes y ciudadanos.
