El agua tiene características específicas, las cuales deben ser reconocidas para su administración como recurso vital y eje indispensable para el desarrollo.
Históricamente, todas las civilizaciones han contado con un río para su desenvolvimiento y el agua calificada como ‘fuente de vida, fundamental y no reemplazable del ecosistema’. Considerada como un bien vital perteneciente a los habitantes del planeta en común. “Ninguno de ellos, individualmente, ente o en grupo, debería tener el derecho de apropiársela en forma privada”.
Este fue el espíritu del Manifiesto del Agua de Lisboa 1998, en el cual los manifestantes rescatan: “Con una simpleza máxima y rica en su capacidad didáctica, el agua como un bien patrimonial común de la humanidad, del cual dependen la salud individual y colectiva, así como la agricultura, la industria y la vida doméstica”.
En Ecuador debemos empezar recordando la escasez planetaria del agua dulce disponible que tenemos en el planeta (0,007% del total), sin embargo, el país está localizado en el trópico sudamericano. Continente donde el volumen de agua, comparada con la población, tiene un excedente. Este es notable en nuestro país (el promedio de agua por habitante del Ecuador es cuatro veces mayor que el promedio mundial), constituyendo una de las fortalezas para la economía del país, de la cual potencialmente estaría favorecida la producción agrícola con riego.
No obstante esta ventaja cuantitativa, tenemos regiones desérticas o con limitaciones temporales del recurso, por su distribución estacional (meses secos y pluviosos), y en consecuencia, para aprovechar eficientemente el recurso, tenemos necesidad de las obras hidráulicas para su utilización con diferentes fines entre los cuales está la agricultura de riego de cultivos de exportación.
La mayor parte del agua dulce, aproximadamente el 70 por ciento del líquido disponible mundialmente, se utiliza en la agricultura. Sin embargo, la mayoría de los sistemas de irrigación es ineficiente: se pierde alrededor del 60 por ciento del agua. Esta ineficiencia ha sido observada por las entidades internacionales de crédito para el desarrollo, en los proyectos de riego establecidos en los países subdesarrollados de los trópicos.
Las inversiones en la construcción de las obras civiles de los proyectos de riego (represas, canales, diques de protección, etc.) son onerosas y las viene realizando el Estado.
El agua, como un bien público, es de acceso universal, su autoridad reconocida para su administración es el Estado, debiéndose mantener como premisa la eliminación de la rivalidad para su utilización, permitiendo que una persona o empresa utilice un bien público, lo cual no impide su uso, en parte o total, al mismo tiempo por otros. Y al ser de uso no competitivo, es imposible imputar costos prohibitivos, para impedir su uso por parte de los individuos. Sin embargo, no hay duda de que, como mínimo, la operación y financiamiento de los sistemas deben estar financiados.
