Justicia que tarda no es justicia. No es un aforismo sino una sentencia popular a la que recurrimos en todo momento y está presente en el día a día cuando acudimos a los estamentos judiciales.

Y es que el adagio es traído en la ocasión para enrostrar lo que sucede con la justicia penal en nuestro Ecuador profundo, desde el año 2014 a raíz de la expedición del COIP y reforma al Código Orgánico de la Función Judicial; reforma que llevó a contradecir aquello que está plasmado en la Constitución, como es esto, de que toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad.

Ello quiere decir entonces que el acceso a la justicia es un derecho, derecho que sistemáticamente es vulnerado.  En estos momentos, la pata chueca de la justicia, es la justicia penal, pero no por culpa de los operadores, que quede bien en claro, sino por el sistema, por esa maldita reforma que se hizo en tiempos de aquél  que dijo que había que meterle la mano a la justicia.

Y claro la reforma penal fue por ella. En un santiamén se escribió en el Código Orgánico de la Función Judicial que en cada provincia  habrá el número de juzgadores que determine el Consejo de la Judicatura para que integren los  Tribunales de Garantías Penales y con eso se echó a traste la conformación de tribunales fijos como fue desde un inicio cuando se instituyeron los tribunales penales con el Código de Procedimiento Penal de 1983.

Y desde entonces, es decir desde el 2014 la justicia penal ecuatoriana en cuanto tiene que ver con los tribunales de garantías penales no responde a la norma constitucional.

Hoy que se está debatiendo la reforma al COFJ es oportuno que el Consejo de la Judicatura, lleve la voz cantante a la Asamblea Nacional en busca de la reforma legal que es tan necesaria para armonizar su política pública de servicio como lo hizo días atrás al conformar tribunales fijos.