Cuando una mujer miembro de nuestra familia se nos es arrebatada por feminicidio nos queda un dolor indescriptible y muchas preguntas sin resolver. En general las pericias médicas forenses muestran el terror y la probable causa de muerte, mientras una justicia de razón patriarcal además de la poca celeridad, detenta una desconfianza permanente hacia la víctima, se anida en la sospecha.
Encontrar peritos sensibles y capacitados en el tema de violencia por razones de género, es como encontrar una aguja en un pajar y se complica aún más porque eventualmente no basta con que sean mujeres, se necesita un compromiso que muy pocos profesionales asumen y sin duda esas pocas profesionales comprometidas tienen el eterno agradecimiento de quienes confiaron su dolor y sintieron el amparo en su asistencia.
Le contaré un caso al respecto. Hoy en Bolivia Nelly salió de su casa a las 6 de la mañana con un dolor en el pecho, buscaba justicia para su hija María, quien fue víctima de un feminicidio acontecido en las celdas policiales de un retén en un barrio del sur de la ciudad capital. La golpearon y ultrajaron hasta matarla, el argumento que utilizaron fue que ella se quitó la vida con una liga del buso que vestía, afirmación que la familia niega rotundamente porque la consideran absurda tomando en cuenta el peso de María y las dimensiones de la delgada liga. La familia clama por las huellas evidentes en el cuerpo de María que gritan toda la violencia sufrida, mientras se encuentran en un callejón sin salida ante el argumento de los feminicidas.
En estos casos resulta útil sumar a los informes científicos de “autopsia psicológica”. En la región eventualmente la fiscal solicita este tipo de peritaje sin embargo se trata de una experticia escasa en América Latina. Le explico un poco más de que se trata. La autopsia psicológica en tanto pericia y medio probatorio de carácter jurídico puede con su proceso metodológico-científico determinar si lo acontecido fue un accidente, homicidio o suicidio, es decir, que sumada al conjunto de otros estudios, puede brindar aportes trascendentales para que se haga justicia, siendo una herramienta que incluso puede emplearse con anterioridad para identificar situaciones de riesgo y poder resguardar la vida de la personas.
El contar con profesionales en la región, que traten casos de violencia por razones de género y con profesionales en esta experticia específicamente, implica que además de referir la acreditación correspondiente de una institución de educación superior, sean profesionales que al menos una vez al año rindan un examen de suficiencia, de actualización y permanezcan monitoreados por un comité de ética nombrado con este fin. Estos requisitos no son exagerados si pensamos que en el primer semestre de este año Argentina registró un feminicidio cada 31 horas, mientras que Bolivia registró 67 feminicidios hasta el mes de julio de este año (considere que en estos datos no se cuentan los casos que en la carpeta de investigación figuran como “asesinato” de mujer), en Ecuador cada 41 horas una mujer es víctima de feminicidio, en este país el primer semestre registraron 68 casos.
Es urgente que los profesionales en llevar estos casos reciban una educación superior de carácter obligatorio y que se evidencien sus buenas prácticas, que se incluya el peritaje de “autopsia psicológica” porque cada que un fiscal, una juez o un abogado permiten la libertad de un feminicida condenan a muerte a una mujer, sin pensar que tal vez la siguiente sea su hija, esposa o hermana.
