No sorprende a los ciudadanos la sentencia emitida este viernes por jueces de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, pues en determinados casos la decisiones judiciales no respondan a una adecuada interpretación jurídica, ni a la norma escrita y menos aún a la doctrina.

Está claro que algunos jueces en sus fallos ponen en riesgo el “estado de derecho” y sin temor alguno se hipotecan a intereses políticos y económicos, grupos de poder y operadores de mafias que pretender mantener el control de la Alcaldía de Quito.

A los intereses políticos ya los conocemos, han dado quorum a un alcalde removido, han sido acólitos y cómplices de Yunda, deslegitimando e insultando a sus concejalas. Estaba claro que operaban en silencio, en las sombras para sus patrocinadores cuya sed no ha sido saciada y vienen por más; pero aquí encontrarán una ciudadanía informada y dispuesta a defender esta ciudad.   2

Sin embargo, este escenario nos debe convocar a profundas reflexiones sobre la “justicia a la carta” dado que el mensaje de estos tres jueces es que el imperio de la ley no existe y que el poder del dinero consigue fallos atropellando la seguridad jurídica.

Aquí pregunto: ¿Qué han dicho la Corte Nacional de Justicia, la Corte Constitucional, y el Tribunal Contencioso Electoral? ¿Van a seguir siendo silentes y convertirse en cómplices?

Hago un llamado a las Facultades de Jurisprudencia del país para que levanten su voz contra la corrupción en las Cortes y Tribunales de Justicia; nuestros estudiantes, nuestros colegas no merecen el ejemplo del silencio.

En esta remoción nos hemos jugado la vida y el futuro de Quito, el futuro de nuestros hijos. Yunda y sus acólitos tienen hoy la legalidad de una oscura sentencia, pero no tienen la LEGITIMIDAD, nuestra HONESTIDAD y el profundo AMOR por esta ciudad que hemos demostrado los ciudadanos.