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Cristian Bravo Gallardo

La madre de todas las batallas (I)

11 de enero de 2020 00:00

Luego del llamado a juicio al expresidente Rafael Correa, realizado por la jueza Daniella Camacho, por el caso Sobornos 2012-2016, el futuro político del exmandatario y del correísmo entra en un nuevo escenario.

Correa y otras 20 personas, entre los que constan exfuncionarios de su administración y empresarios, serán enjuiciados por presuntamente recibir cerca de $ 8 millones de empresas, entre ellas la constructora brasileña Odebrecht, durante las presidenciales de 2013, a cambio de la entrega de obras.

Jorge Glas, Vinicio Alvarado, Alexis Mera, María de los Ángeles Duarte, son algunos de los correístas llamados a juicio por la jueza Camacho, mientras que otras tres personas han sido sobreseídas. El exmandatario irá a juicio por cohecho, un delito imprescriptible por el cual podría ser juzgado en ausencia (desde que dejó el cargo, vive en Bélgica).

Una condena por este delito supondría el fin de la carrera política de Rafael  Correa, pues la Constitución impide presentarse como candidato en comicios a condenados por cohecho, enriquecimiento ilícito o peculado.

En una carrera contrarreloj, la defensa de Correa busca postergar el proceso, a fin de que pueda postularse en las próximas elecciones y evadir de esta manera las causas en su contra. Si Correa evita ser sentenciado antes de las elecciones de 2021, podría postularse para vicepresidente o asambleísta.

La sentencia condenatoria a Rafael Correa en el caso Sobornos 2012-2016 podría ser el fin de una estructura de poder que tuvo una injerencia en las instituciones pocas veces vista en la historia contemporánea de Ecuador.

Si el tribunal de la Corte Suprema de Justicia condena e inhabilita electoralmente al expresidente, los cercanos al correísmo perderán la esperanza de lograr su anhelada impunidad y mantener su supervivencia política.

Por su parte, las fuerzas anticorreístas anhelan que el proceso se concrete lo más rápido posible. Para que Correa no pueda postularse. La última sentencia, de haberla, se daría a mediados de este año (junio), en pleno ambiente electoral. (O)