El estado de inseguridad en el que vivimos los ciudadanos en Ecuador es insostenible. El aumento de la delincuencia que asalta y asesina con el objeto de no dejar futuros acusadores y testigos ha llegado a límites inimaginados. La Policía Nacional, por muchos esfuerzos que haga no puede ni podrá parar esto. El narcotráfico tiene tomado casi todo el territorio nacional y en poco tiempo tomará las riendas de este país. En los centros carcelarios (no existe ninguna rehabilitación social) los PPL vigilan a los policías y tienen llaves de las celdas. Las bandas de delincuentes se matan entre sí e internamente fabrican sus armas con las que realizan los ajustes de cuentas. Y desgraciadamente, desde hace algunos años cuando empezó todo esto, las autoridades nacionales siempre hicieron “mutis por el foro”. En los últimos quince años, el no tomar medidas para combatir la fenomenología criminal, fue una política de Estado, a fin de mantenernos a los ecuatorianos preocupados de nuestra seguridad personal y familiar para desentendernos (supuestamente) de la inmensa corrupción que se iba convirtiendo también en política de Estado e iba cubriendo todos los espacios de la estructura burocrática de las diferentes funciones con aportes significativos pero en ínfima escala de empresarios también corruptos.
Lo que nos sucede, en términos de buscar soluciones, no es únicamente obligación de gobernantes, autoridades y fuerza pública. Es también obligación de los ciudadanos colaborar decididamente para ayudar a encontrar esas soluciones. Si bien es cierto, que las estadísticas nos permiten conocer los distintos delitos que se cometen diariamente y dar coordenados geográficas para saber en qué lugares se cometen tales delitos con mayor frecuencia e intensidad, eso únicamente nos permite conocer la dimensión de lo que ocurre y tener un cierto nivel de información, que siempre será incompleto. Nada más.
Así como está constituido un COE Nacional y COEs Provinciales y Cantonales para luchar contra la pandemia COVI-19 que estamos padeciendo, debe estructurarse un COE similar en el que estén representantes de la fuerza pública, autoridades de las diferentes funciones del Estado, Organizaciones ciudadanas, representantes del movimiento indígena, de las organizaciones campesinas y de negros afro ecuatorianos, directivos de área educativas y sanitarias, sectores empresariales y de la producción, con el objeto de compartir ideas, sugerencias, propuestas y responsabilidades. El problema de la seguridad es de todos y todos debemos cooperar para conseguir evitar o tratar de disminuir tanta muerte, tanto crimen, tanto delito, tanta droga, tanta delincuencia.
