Una muestra de la inestabilidad de nuestro derecho es, sin duda, que hayamos tenido 20 constituciones. Pero no solo eso, sino que –salvo por ciertos períodos de estabilidad– en general la vigencia de los textos constitucionales ha estado acompañada de una serie enorme de aplicaciones antojadizas, excepciones que terminaron siendo perennes, poderes visibles e invisibles fuera de cualquier marco constitucional moderno.
Normas de competencia ad-hoc, poderes no jurídicos, sino meramente ejercidos. Y, por ende, debates bizantinos sobre su interpretación y aplicación. Bizantinos porque –para asombro de los realistas jurídicos más radicales– los intérpretes últimos de nuestros textos constitucionales han sido frecuentemente, no los jueces, sino los órganos políticos.
Un amigo ha llamado a este entorno, con un símil fácil, la ley de la selva. En Ecuador, por ello, las “innovaciones” más importantes en casi cualquier materia no han sido el producto del desarrollo jurisprudencial, sino de la incorporación legislativa posconstitucional (que acompañaba a cada nueva constitución), cada vez que anodinos personajes pensaban descubrir el Mediterráneo o inventar el paraguas: innovadores con 30 años de retraso. Por ello, en el derecho ecuatoriano, casi no contamos con textos clásicos (salvo en derecho civil) o jurisprudencia que se pueda citar que no tenga menos de once años.
Toda generación de abogados es, por ello, una generación de contemporáneos: sin pasado y sin futuro jurídico. Siempre a la espera de una nueva “refundación jurídica”, de una nueva constitución, casi siempre de papel; esto es, una constitución ineficaz en sus normas expresas, manejada al antojo de los poderes salvajes de turno. Y lo peor, obligando a que eminentes juristas, conocedores de estas penurias, defiendan estos cambios por razones absolutamente políticas.
Por supuesto, esto es comprensible: todo cambio de este tipo conlleva romper con el orden precedente para poder crear uno nuevo, libre de las vergüenzas del anterior. Revoluciones jurídicas ha habido en todo el mundo, entendámonos. El problema, en nuestro caso, es que esto se ha convertido en un estilo de vida.
Nuestra “tradición” jurídica, por ello, no admite ese nombre. En efecto, “tradición” es algo que, en el derecho, los ecuatorianos desconocemos. “Innovación”, por otro lado, es algo que hacemos con décadas de retraso. Valgan como ejemplo los miles de “neoconstitucionalistas” que parió la Constitución de 2008.
Muchos de ellos, hoy inclusive, se asombran de la realidad actual, aunque bastaba dar un vistazo a nuestra historia para darse cuenta de que la así llamada revolución ciudadana iba a ser, en el ámbito jurídico, el enésimo intento y el enésimo fracaso de refundación del derecho en el Ecuador. (O)
