Critiqué públicamente la forma en que se evaluó a la UG y su precipitada degradación. El CES la intervino a través de una comisión (CI), muy mal conformada y peor supervisada, que se entrometió hasta en los más sencillos trámites administrativos y a un alto costo. La CI provocó incertidumbre, temores y hasta miedo. Nadie sabía lo que podía pasar con su facultad y en su condición de profesores, alumnos o empleados. La mayoría de decanos, seleccionados ‘a dedo’ por ella y un rector (e) comprometido con un titulo falso no tenían opinión.
Una buena parte de universitarios ha callado su voz, limitaron su pensamiento, encarcelaron sus opiniones para no contrariarla. Es una vergüenza institucional que enerva el más elemental principio de universalidad del pensamiento, libertad de cátedra y, por cierto, la autonomía.
La inmensa mayoría cuestiona, aunque muchos comprenden que “a pesar de todo”, sea como sea, es mejor ser docente o alumno en una universidad de categoría B antes que de la D. Se aprovecha ese sentimiento y se organiza todo un show. Con motivo de las próximas elecciones de autoridades, se dieron otras polémicas. Las realidades contrastan con cálculos politiqueros y falacias que, al parecer, han estado presentes en informes desde la CI y los supervisores al CES y desde este a las altas esferas del Gobierno.
Sin desconocer que la UG ha tenido múltiples y graves problemas, prevalido de que he luchado por más de medio siglo, como estudiante, docente, decano y vicerrector general, por elevarla en todo aspecto y defenderla, con sectores académicos democráticos, de alto nivel; coadyuvando a logros reconocidos dentro y fuera del país, en mi condición de profesor honorario, opino que la UG está en un momento crítico, concluyendo un proceso electoral no muy claro, que incluyó hasta un período de vacaciones, y limitado por el hecho de que el rector (e) es a su vez candidato, que tiene el apoyo de la CI y sus entornos, que han ejercido presiones electoreras e influencias múltiples, y que ofrece lo mismo que debió ya ser resuelto después de tres largos años de intervención.
Se han armado listas con candidatos ‘importados’ para elegir a 5 autoridades, en razón de que apenas hay 5 docentes con título PhD, 3 de los cuales son candidatos y no hay una sola mujer; por tanto, buscaron docentes de otras universidades y hasta del exterior. Grave problema.
No se han dado debates sobre el Plan de Acción, en condiciones que participarán por primera vez, con derecho a voto, decenas de miles de estudiantes, docentes y empleados. Todo esto ha desatado confusión y confrontación, aun entre sectores que apoyan la RC y al Gobierno; por cierto, la oposición más recalcitrante aprovechó para criticar su política en el sector y los objetivos de democratización y búsqueda de excelencia, con los cuales nos identificamos plenamente.
Se cuestionó una vez más que el CES decidió prorrogar la presencia de la CI, esta vez presidida por un profesor extranjero, a pesar de que ya se la evaluó. Se afirma que fue para ‘controlar’ el proceso electoral.
Es deseable que al menos el final del proceso electoral, incluidos los escrutinios, sea limpio, que no haya intromisión del CES y su CI, y peor continuismo; que se den condiciones, más allá de los resultados, para la discusión elevada y búsqueda de soluciones reales en todos los campos, a fin de reencauzarla hacia altos niveles académicos. (O)
