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Durante el gobierno de Jaime Roldós y Osvaldo Hurtado, entre 1979 y 1984, los magistrados supremos fueron mayoritariamente conservadores y minoritariamente socialcristianos, liberales o socialistas, además de otros.
Después, durante los siguientes 12 años y los tres períodos de gobierno consecutivos, funcionaron cortes supremas dominadas alternativa y mayoritariamente por la ID, por el PSC, por la DP y minoritariamente por el PRE o por el FADI, además de otros. Esto ocurrió durante los sucesivos gobiernos de León Febres-Cordero, de Rodrigo Borja Cevallos y de Sixto Durán-Ballén.
Durante el breve gobierno de Abdalá Bucaram, entre 1996 y 1997, así como durante el gobierno interino de Fabián Alarcón, entre 1997 y 1998, entraron en vigencia las reformas constitucionales que prolongaron primero a 6 años en 1996 y que en 1997 convirtieron en vitalicios los cargos en las judicaturas supremas.
Pero el encargo vitalicio duró hasta 2004, cuando el presidente Lucio Gutiérrez dio un golpe de Estado y destituyó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Apoyado por una mayoría compuesta por el oficialista PSP, el PRE, el Prian y el CFP, descabezó a la más alta corte de casación y llenó las vacantes con jueces de los mismos partidos. Esto duró menos de un año y tras la destitución presidencial de 2005, los nuevos magistrados fueron por primera y única vez mayoritariamente jueces independientes, a más de algunos afines al PSC, a la ID, al PSE o al MUPP.
Pero poco después, la reforma constitucional de Montecristi cambió el período de ejercicio de funciones y desde 2012 la corte perdió su independencia y pasó a componerse íntegramente por jueces afines a Alianza PAIS, el partido que gobernó entre 2007 y 2017.
En 2017, con el ascenso de Lenín Moreno al poder, se impuso un acuerdo político que desde entonces impulsa un conjunto de nuevas condiciones para la administración del poder y cuyas finalidades alcanzan también a la justicia. ¿Puede negarse esta realidad? (O)