A ningún ecuatoriano debería sorprenderle la ligereza intelectual con la que 104 asambleístas aprobaron, hace pocos días, el informe con el que se recomienda iniciar un juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. En suma, varios asambleístas pretenden interpretar el texto constitucional a su conveniencia para saciar intereses políticos y abonar al caos en el que se encuentra nuestro pobre país. Por ello y lejos de cualquier afinidad o no con el Gobierno Nacional, es necesario exigir a nuestros representantes que se dejen de tonterías. ¿Enjuiciar políticamente al Presidente de la República por “comisión por omisión”? Absurdo.
Después de los viajes a Rusia, Irán y otros exóticos destinos para atender citas diplomáticas protocolarias, en las que se habla de todo pero no se materializa nada, es claro que de esta Asamblea Nacional no se puede esperar nada muy sofisticado. Quizás tanto viaje y cambio horario nubló la capacidad de lectura comprensiva de muchos que ahora leen cosas que nadie más puede ver. Como ciudadanos, es muy peligroso tener representantes que pretender adaptar el texto constitucional a sus intereses, porque ahora puede ser un asunto procedimental pero mañana a cualquier iluminado puede ocurrírsele interpretar “derechos y garantías”.
Lamentablemente, este frente de constante contradicción y bloqueo del Legislativo al Ejecutivo, es lo que ha provocado que el Presidente de la República enfoque sus esfuerzos en defenderse políticamente para buscar algo de gobernabilidad. Cuando ese tiempo dedicado al enfrentamiento político debería estar dedicado a atender lo verdaderamente importante: salud, educación, seguridad, infraestructura. En una democracia madura, algo que debería suceder naturalmente -cohesión de esfuerzos y objetivos de todas las fuerzas políticas- resulta imposible en Ecuador y eso resulta en que el sentimiento de 18 millones de ecuatorianos es que todos se vayan a la casa.
Sobre el tema medular y las causales de juicio político, el artículo 129 de la Constitución es suficientemente claro y de manera taxativa habilita la posibilidad de iniciar este proceso en los siguiente casos: i) delitos contra la seguridad del estado; ii) delitos contra la administración pública; y, iii) delitos de lesa humanidad.
Evidentemente, alegar una de estas causales supone la correspondiente investigación para ajustar los presupuestos de una acción específica, en este caso del Presidente de la República, a uno de estos delitos. En el caso actual, no existe un análisis profundo sino un extenso documento muy superficial que infiere conclusiones alejadas de la realidad sin mérito legal alguno para iniciar un juicio político. En esta misma línea y por lo antes dicho, parecería remoto que la Corte Constitucional declare la admisibilidad del pedido de juicio político realizado por la Asamblea Nacional.
En conclusión, parecería que el Presidente de la República no tiene muchos caminos disponibles para enfrentar la crisis política. Existe una hoja de ruta clara en la Constitución de la República que podría tomar y que sin duda involucra mucho riesgo pero con las circunstancias actuales, la composición y el nivel de la Asamblea Nacional no parecería que vale la pena seguir estrellándose una vez más con la misma piedra. Por ello, Presidente hable serio y no se deje iniciar un juicio político.
