En reciente publicación, diario El Universo nos recordó la persecución contra Galo Lara Yépez en el gobierno de Rafael Correa. Un ensañamiento al margen de la ley, estructurado desde un Estado que arremetió con todo su poder contra un solo hombre, el cual, desde su curul (2009-2013) denunció casi todo lo revelado en las indagaciones de Fiscalía sobre los diferentes delitos ejecutados por el grupo de indecentes que gobernó el país una década. Investigaciones que ahora también apuntan a quienes, sin ser gobierno, recogieron inmorales e ilegales beneficios de la banda correísta.
El brío de Lara Yépez fiscalizador se mantiene presente en la memoria del país. De tal ímpetu se revistió su odisea contra reloj para notificar el intento de juicio político a Jorge Marún, exministro de Obras Públicas de Rafael Correa. A Marún se lo recuerda por carreteras como la vía Quiroga-Calceta en Manabí, un descarado perjuicio al dinero del país fácilmente evidenciable al viajar por allí.
Igual a esa denuncia recordamos la del asalto a la UNA-EP en la transportación de su urea, delito a cargo del hijo del goebbeliano Fernando Alvarado. Denuncias como estas volvieron a Lara el mayor fiscalizador y enemigo del correísmo, hasta el punto que el gobierno de Correa utilizó la masacre de Quinsaloma para ajustar cuentas contra Lara.
El infausto suceso -realmente aún por esclarecer- les sirvió para llevarlo a prisión tras robarle a Lara su escaño de asambleísta en 2013. De ese fraude, vale recordar, también se benefició quien hoy ostenta el cargo de prefecto de Los Ríos al recibir, de manos del correísmo más protervo, un escaño que a todas luces nunca lo ganó.
Ahora que buscamos restituir la moral pública, a la par de reconocer a quienes enfrentaron un gobierno criminal, la Fiscalía debe apuntar hacia todos los cómplices y beneficiarios de las ilegalidades de una banda que hizo de la perversión y el latrocinio conducta de Estado. (O)
