La Función Electoral, entre juicios políticos, renovaciones y la exigencia ciudadana

Cada semana, en la coyuntura política fuera de los temas que desbordan a la administración pública y la desestabilización política del país, nos encontramos con un tema del que siempre se sale en el imaginario colectivo: las elecciones.

Lo cierto es que, en virtud de nuestra configuración democrática, nos encontramos en periodos electorales cada año, ya que este se declara un año antes de las elecciones nacionales o seccionales, por lo tanto, no dejaremos de tener en la mira a las futuras autoridades de Estado y el show electoral que tenemos los ecuatorianos

Sí, efectivamente hablamos de “un show” que lamentablemente responde a actores que toman parte en cada elección, y que en la historia del país no hemos logrado eliminarlos para que una elección tome rumbo, es decir, un espacio de deliberación. No hemos logrado esto porque desde la administración electoral, ya sea por iniciativa propia o por otros organismos de Estado que la fiscalizan, no tenemos una estabilidad institucional.

En la actualidad, el Consejo Nacional Electoral (CNE) se encuentra en un proceso de renovación no ejecutado por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS); desde noviembre de 2021 estamos esperando la renovación de dos de sus miembros, que en realidad debieron ser tres; además, se ventila un juicio político en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional.

En definitiva, las expectativas del mantenimiento de las autoridades de este organismo causan zozobra en todo el sistema electoral, ya que lamentablemente se cree en una incidencia política por parte de sus miembros, la que debería ser inexistente.

Lo cierto es que el organismo electoral en este momento es víctima de errores ajenos (algo no muy común, ya que los errores han sido propios), por lo que el CPCCS debería generar un sinceramiento propio y determinar si es posible o no realizar la renovación en virtud de los tiempos para la ejecución de estas elecciones seccional, que de hecho son las más complejas en la organización.

Por otro lado, la Comisión de Fiscalización ha decidido enviar una consulta a la Procuraduría General del Estado a efectos de saber si puede seguir con el juicio político, maniobra de desconocimiento jurídico, ya que no existe ningún impedimento para continuar con el mismo.

Esperemos que, por la estabilidad democrática del país, estas decisiones sean tomadas en derecho y eliminar en este caso las actuaciones políticas que no deben ser políticas.

Por si nos olvidamos, el Tribunal Contencioso Electoral también tiene una renovación parcial pendiente.