La asonada de octubre ha quedado registrada en la historia de Ecuador como un golpe de Estado fallido, en el que fuerzas internas y externas atentaron contra el Estado de derecho, cuyas secuelas todavía subsisten.
¿Qué fuerzas intervinieron? Las lecturas de este escenario de violencia son disímiles, a partir de un decreto presidencial que eliminó los subsidios a los combustibles, medida que en el discurso oficial ponía orden en la economía, y en el discurso insurgente la pauperización de la población, especialmente indígena.
En once días de paralizaciones el país perdió, no solo por la cuantía de los destrozos causados por la violencia, en calles, plazas, edificios, refinerías, suspensión de servicios básicos -inédita en el Ecuador-, sino por la anomia de sus instituciones democráticas. A las inusitadas agresiones a las ciudades siguió la perplejidad de la ciudadanía amenazada por turbas armadas de palos, escudos y bombas incendiarias, mientras las Fuerzas Armadas y la Policía actuaban a la defensiva. Y el vandalismo causaba, por momentos, el vacío institucional más evidente de nuestra historia reciente.
Algunos actores sostienen que las causas de este conflicto radicaron en la debilidad de la inteligencia institucional, a la influencia recursiva de las redes sociales y al fracaso de la clase política que no midió las consecuencias de una medida dura e impopular.
La verdadera democracia necesita gobernabilidad. En este contexto, el objetivo central es negociar la viabilidad de un Estado, que permita un acuerdo mínimo pero sólido entre todos. Y lo mínimo no es sino el respeto de los derechos humanos esenciales. Ya no hay cabida para el discurso de derechas e izquierdas. Ecuador necesita mejorar los índices de desarrollo humano: educación, salud, nutrición y empleo; es decir, la generación de calidad de vida en un ambiente de paz, armonía y solidaridad.
La gobernabilidad exige compromisos serios de los diferentes sectores en torno al bien común, antes que con los intereses particulares amenazados. (O)
