El Estado es la sociedad políticamente organizada, y la democracia, pese a sus defectos, es lo más avanzado que ha inventado el ser humano para convivir pacíficamente; ambos presuponen y se erigen bajo el entendido del valor encarnado en la Constitución y demás normas jurídicas, así como del respeto a su vigencia, por más que como lo sabemos, no estén escritas en piedra ni son perfectas.

Por esto, llaman poderosamente la atención decisiones recientes del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral, en el primer caso, una mayoría de vocales permite a Centro Democrático subsanar algo insubsanable, al rechazar una candidatura solo por la causal de incumplimiento de requisitos del candidato -Correa-, al haber sido condenado como autor del delito de cohecho, cuando en realidad lo que se había incumplido era el proceso de democracia interna, según el reglamento de la materia; realmente, debió rechazarse la candidatura sin opción de subsanación mediante reemplazo; en el segundo caso, se inobserva un precedente obligatorio de la Corte Constitucional e incumple la propia norma suprema al declararse inaplicable -por ser supuestamente inconstitucional-, la disposición que manda la aceptación expresa, indelegable y personalísima de una candidatura.

La democracia y la participación política exigen respeto a las instituciones, así como al ordenamiento jurídico, nos guste o no; lo contrario, significaría renunciar al Estado de Derecho para vivir en caos, abuso e inseguridad. Si bien las disposiciones jurídicas no suelen ser perfectas, siempre hay maneras de mejorarlas, pero el acatamiento y aplicación nunca deben estar en duda, es el precio que debemos pagar por vivir en democracia. Decisiones inconsultas de órganos públicos fundamentales generan duda, lesionan la legalidad y la transparencia de los procesos más importantes de la vida nacional, por esto su accionar debe corregirse y enmarcarse en las normas vigentes.