Con frecuencia, a través de los medios tradicionales de comunicación y las redes sociales escuchamos y/o leemos serios cuestionamientos a la administración de justicia de nuestro país. Muchos Jueces, Fiscales y demás operadores de justicia son acusados de sentencias y resoluciones alejadas de la verdad jurídica, para favorecer tal o cual parte procesal. La Corte Constitucional en una sentencia reciente le acaba de quitar la potestad de juzgar administrativamente al Consejo de la Judicatura por faltas graves que tienen que ver con la negligencia, el error inexcusable y la actitud dolosa, de estos operadores, con lo cual, la desgracia de los Abogados litigantes honrados cobra dimensiones catastróficas, pues para denunciar estos hechos al órgano administrativo de juzgamiento, requieren que dentro de un proceso legal el Tribunal superior señale en su sentencia que el inferior ha cometido estas faltas graves. Nunca se dará esto, porque hay un espíritu de cuerpo en la administración de justicia ecuatoriana que no lo permitirá.

Es importante señalar que esto de torcer la ley y favorecer intereses protervos, por distintos motivos, se ha venido dando desde hace casi una década, especialmente en Provincias, en donde juzgadores y operadores son íntimos amigos y mantienen verdaderas y solapadas estructuras que actúan en forma organizada (en otro artículo hablaré del fascismo judicial) para dejar en la impunidad actuaciones negligentes, dolosas y deliberadamente ilegales de justicieros que han prostituido la función casi sagrada que el Estado les ha entregado.

Felizmente no todos los operadores de justicia actúan de esa forma venal y prevaricadora. Hay Juezas, Jueces y Fiscales, como la señora Fiscal General, que actúan con conocimientos y corrección, lo cual, nos da la esperanza de que en algún momento esta desgraciada situación cambie.

Esto nos lleva a plantearnos si, debe o no seguir existiendo el Consejo de la Judicatura que significa un egreso económico bastante alto para la escuálida economía del país; y, si ahora, frente a esta problemática judicial, los Abogados, tendremos que enjuiciar penalmente a los jueces y fiscales cuando actúen torcidamente arriesgándonos a la guillotina judicial de ese espíritu de cuerpo. Es muy decidor que la Comisión Nacional Anticorrupción se haya separado de la veeduría del Concurso para Jueces de la Corte Nacional. Pero, pase lo que pase, la Función Judicial tiene que limpiarse. No puede continuar así. Su respetabilidad y la honorabilidad de algunos operadores de justicia lo exigen. (O)