Evaluemos

- 01 de octubre de 2020 - 00:00

Desde que llegó de forma oficial el virus del Covid-19 a América Latina el 26 de febrero en general, se observa que no hemos hecho bien las cosas en la región. Esta parte del mundo tiene una población del 8% del total del mundo y concentra el concentra el 28% de los casos y el 34% del total de muertos. Es decir, tiene cuatro veces más de lo que le correspondería. Sólo con esta información dura se tiene como conclusión que nuestros gobiernos no han sabido y no pueden enfrentar esta crisis.

Las estructura económica y sanitaria de Latinoamérica se ve insuficiente. Incluso algunos países en donde sus indicadores se los observaba como positivos antes de febrero hoy se nota que de poco sirvieron. La mala política, la desinstitucionalización del Estado, las desigualdades históricas no han pasado una factura que no hemos podido pagarla en estos tiempos.

Seguramente, este infeliz panorama es el resultado de décadas de debilitamiento del Estado de sus políticas públicas, de la no respuesta a problemas estructurales de la región. Solo imaginar que gran parte de la población enfrenta esta crisis en el hacinamiento, el desempleo, la pobreza, la falta de acceso universal a la salud, educación y vivienda, que ha conduce día tras día a millones de habitantes a vivir las condiciones de vulnerabilidad social que explican en gran parte lo agudo y la magnitud de los riesgos que enfrentamos.

No es sólo una crisis de gobierno sino del Estado que ha traspapelado su legitimidad política por su respuesta deficitaria en la calidad de la gestión y asignación inadecuada de los pocos recursos con los recurrentes fenómenos de corrupción estructural. Corrupción que se alimenta con los grupos de poder privado que corrompen históricamente a lo público.

Para revertir esta realidad se requiere de instituciones sólidas, con capital humano que trabaje en la frontera del conocimiento, con creatividad y con las manos limpias. Estamos desnudos y es hora de priorizar la educación, el trabajo solidario, la institucionalidad del Estado, la calidad de los sistemas de comunicación; y claro, la calidad de la política y sus discursos que ponemos en consideración de la sociedad. (O)

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