Estafadores

- 30 de agosto de 2020 - 00:00

En el último proceso constituyente se crearon nuevas instituciones públicas, se engrosó el aparato burocrático de las vigentes, y se repartió el país en cargos, contratos y recursos. Todo en nombre del nuevo país. Las nuevas elites desplazaron a las anteriores y con el tiempo empeoraron la corrupción. Por supuesto hubo desencantos y desertores. Los demás se quedaron para favorecerse y son los que ahora defienden el regreso de esa patria del reparto.

Se instaló en el Estado los nuevos cimientos del crimen organizado. Se modificó la estructura estatal para acuartelar el nombramiento de las autoridades de control en un órgano sin ninguna legitimidad y sometido por el Ejecutivo. Así se nombraron a todos los titulares de control, magistrados de casación y constitucionales, como vocales y magistrados electorales. Con todas estas autoridades sometidas a un solo poder pudieron manosear cada proceso de contratación estatal como cada elección política. Lo tuvieron todo amarrado.

Tras las investigaciones penales establecidas apenas hay un puñado de estos que está encausado. Que sobre el ex presidente Rafael Correa, como que sobre su ex vicepresidente, Jorge Glas, pesen sendas sentencias por peculado, y otra más haya conseguido el encierro de este último por cohecho, solo quiere decir que los dos eran solamente peones de una infraestructura mayor. Para Diógenes Laercio, historiador griego del siglo III d. C, “son los grandes ladrones los que hacen que se cuelgue a los pequeños”.

La historia de la corrupción en los países latinoamericanos más castigados arranca en su desinstitucionalización pública, en la imposición de un estado empresario, en el ascenso al poder de negociantes que se apropiaron de los recursos públicos por cualquier vía de contratación.  

En Ecuador, la era del neoliberalismo no acabó con Rafael Correa, al contrario se profundizó. Su gobierno privatizó el Estado para convertirlo en el feudo de unos pocos estafadores con la etiqueta de una revolución. (O)

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