El vínculo entre política y justicia  siempre será complicado,  por la propensión del poder político a extender su círculo de acción, mientras que el poder judicial lucha por mantener su independencia.

Norberto Bobbio, al referirse a las relaciones entre derecho y política, decía que “el derecho se considera como el principal instrumento mediante el cual las fuerzas políticas que detentan el poder dominante en una determinada sociedad ejercen su dominio”. De ahí que la tensión que se genera es la consecuencia de la lucha de intereses que buscan ejercer presión sobre las decisiones judiciales.

La realidad  muestra una excesiva politización de la justicia, que es lo que sucede cuando el Ejecutivo se atribuye, motu proprio, una función que por ley corresponde a la rama judicial.

Por otra parte, muestra una fuerte judicialización de la política, debida a la creciente importancia que tienen las cortes de justicia en el mundo político. Es lo que en el argot popular se llama meter mano, aquí y allá. 

Esto es algo que pasa en cualquier parte del mundo y uno de los ejemplos más sonados de los últimos días tiene que ver con el caso del ex juez Baltasar Garzón, que resultó condenado por el Tribunal Supremo español por prevaricato.

La opinión generalizada es que Garzón fue objeto de un linchamiento judicial, incitado en especial por la derecha. La prensa de su país aventura como causas el temor a que se desentierren hechos de la dictadura franquista,  la necesidad de tapar hechos de corrupción generalizada y hasta envidia contra un hombre con mucho brillo profesional,  carisma mediático y contactos internacionales, que se ha ganado fama de valiente por perseguir el terrorismo y crímenes de lesa humanidad.

El ex juez se queja de que le han hecho un traje a la medida de prevaricador, pero la parte más grave, por no decir irónica, es que el proceso puso en tela de juicio su compromiso con los derechos humanos, del cual  ha sido un gran defensor, por unos “pinchazos” a unos procesados.

A Garzón también le cobraron su posición política y eso es grave, porque como dice Raúl Zaffaroni de la Corte Suprema argentina, aunque los jueces deben estar protegidos de las presiones externas del poder político, la protección interna es la más importante, la que viene de la rama judicial.

Ello exige el pluralismo ideológico en la judicatura  porque, aunque  debe decidir en derecho, un juez también tiene su propia cosmovisión. Si hay pluralidad habrá un mayor debate entre los jueces y decisiones más justas.

Al final, ningún país es tan diferente a otro y lo que vale para uno también es válido para el otro.