El impuesto a la plusvalía y el pueblo

- 09 de diciembre de 2016 - 00:00

Jaime Nebot vive una disonancia retórica, una lucha discursiva entre la sátira, el clasismo y el populismo. Hace una semana, antes de conocer el proyecto de ley sobre el impuesto a la plusvalía, ya comentaba acerca de este. Categorizó al impuesto de un “perjuicio para todos” porque escuchó algo sobre que “comprar una cosa y venderla a un valor superior es ilegítimo”. “Será una especie de homenaje póstumo a Fidel Castro”, comentó, para luego acotar que es “un despojo de lo que le pertenece al pueblo”. A riesgo de sonar redundante, quiero enfatizar que todo su criterio vino contextualizado por su desconocimiento del proyecto, admitido por él.

Y ese desconocimiento ha sido parte de la construcción de los discursos de muchos candidatos (no todos) que están tratando de enmarcar al impuesto como ‘confiscatorio’, a la vez que atenta contra el ‘pueblo’ ecuatoriano. Son esas generalidades que buscan crear argumentos lógicos a partir de una visión superficial de un mecanismo, tanto económico como político y social, un poco más complejo. Sí, todo impuesto es una expropiación por parte del Estado. Sí, todo impuesto distorsiona. Y sí, todo impuesto reduce la capacidad de consumo. Pero por plantearlo como esa generalidad no puedo crear un argumento para abolir todos los

impuestos. Para comenzar, el impuesto está enfocado, como se lo plantea actualmente, en castigar las ganancias extraordinarias sobre los bienes inmuebles producto de la especulación y, según lo dicho por el presidente Correa, la apropiación de recursos sociales. La progresividad del impuesto, según un análisis del economista Juan Pablo Jaramillo, haría que, a partir de cierto valor, la ganancia marginal al vender un bien inmueble a un valor especulativo (‘extraordinariamente’ superior a la capitalización anual del 7,52%) sea casi plana, es decir, que no exista ganancia para el vendedor. Aun así, un bien inmueble de $ 100.000 vendido en 10 años a $ 200.000 pagaría cero dólares. A la larga, el impuesto desincentiva la especulación (a corto plazo) y reduce la ventaja de tener información privilegiada que afecte el valor del inmueble artificialmente (como cuando el Municipio declara que un predio es ahora urbanizable).

Ahora bien, lo que se considera una ganancia ‘extraordinaria’ es completamente arbitrario, pero muchas cuestiones legales lo terminan siendo. La confiscación de la que se le acusa es sobre un valor artificial (no se toman en consideración mejoras físicas del propio inmueble). Entonces, cuando Nebot habla del despojo de aquello que le pertenece al pueblo, está hablando de un pueblo muy reducido. Está hablando de un pueblo con la capacidad de adquirir bienes inmuebles, que vive del lucro de su comercialización y que tiene acceso a información privilegiada que le permite especular sobre estos bienes. Es un pueblo que se parece mucho a un grupo de amigos con plata. El director del portal Ecuador en Vivo, Alfonso Pérez, convocó a una manifestación para “defender nuestro patrimonio”, frente a la amenaza que supone el impuesto. A lo que en realidad Pérez estaría convocando es a defender la capacidad de especular sin ser penalizado. Andrés Páez, ex Izquierda Democrática y actual candidato a vicepresidente por CREO, continúa su mutación a neoliberal consumado calificando al impuesto como “confiscatorio, que pretende despojar a todos del fruto de su trabajo”. Hace algunos años, alguien en la ID a lo mejor habría dicho que la apropiación de la plusvalía la hace el capitalista al trabajador.

Más allá de estas disonancias ideológicas, lo que sí se está presentando es un campo electoral donde los candidatos no solo están definiendo su estilo de confrontación, sino también lo que representan y, por sobre todo, a quiénes representan. (O)