En general, los medios privados de información han modificado su posición de ética frente a la sociedad a partir de ser actores políticos explícitos frente a los cambios que el país está viviendo. El que esos medios privados tengan una posición política no es nada desdeñable, por el contrario, eso contribuye a recuperar el valor significativamente positivo de la política en la sociedad, pero el problema surge cuando esos medios ocultan su posicionamiento político y lo enmascaran en la retórica de la “imparcialidad” y la “objetividad”, conceptos aclarados hace más de cincuenta años, tanto desde las ciencias sociales como desde las llamadas ciencias duras.

Quiere decir que hablar o pretender hablar desde una imparcialidad no es nada más que una falacia que pretende legitimar una posición social de clase. Y peor aún, la generalidad de esos medios sustituyó a la propia justicia; se convirtieron en los tribunales de la opinión pública desde donde se dictaminaban sentencias morales y éticas respecto a los casos que ellos mismos construían. Además de convertirse en las herramientas ideológicas del combate entre sectores oligárquicos a lo largo de la vida republicana del país. Herramienta ideológica que provenía de la defensa de los intereses de los propietarios de esos mismos medios.

Nadie afirma que no existan medios privados de información, pero lo que sí ha quedado claro es que no es suficiente su existencia para el bien colectivo de una sociedad, por eso la necesidad histórica de medios públicos en la mayoría de los países del mundo. La existencia de ambos tipos de medios posibilita el desarrollo crítico de la conciencia social, es decir, la posibilidad de actuar reflexivamente como ciudadanos frente a una estructura de poder que se sustenta en la tradición de excluir a las mayorías del quehacer político y así afirmar y consolidar su posición de dominación social. Todos los medios ejercen y reproducen un discurso ético, de ahí la necesidad de revisar continuamente cuál es ese contenido ético y si contribuye al bienestar social de una nación.

En el caso ecuatoriano, la generalidad de los medios privados ha sido juez y parte de lo que es o debería ser el país. Y ahí reside uno de los centros de conflicto con el proceso que se lleva adelante en el Ecuador. Ya no hay un solo discurso dominante acerca de lo que debe ser el país. Los medios privados, en general, no saben cuál es el lugar que les corresponde en una sociedad del siglo XXI.

A veces se parte de que es “obvio” ese lugar, pero no es así; aún no han procesado su lugar en la historia desde la nación, por el contrario, lo han tenido claro desde las élites dominantes. Los medios privados son necesarios en una sociedad democrática, pero exactamente como medios, no como fines en sí mismos o usurpando el centro de la opinión pública, es decir, el ciudadano y no los editores. La Constitución manda democratizar los medios de producción, que incluyen a los informativos privados y la urgencia de una ley de comunicación.