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Este proceso electoral está demostrando que luego de su finalización deben hacerse urgentes reformas al Código de la Democracia. En Ecuador fácil organizar un movimiento o un partido político. Hay que reunir 10 amigos, copiar en internet un plan de gobierno, pagar firmas y cédulas de ciudadanía que luego en un inmenso porcentaje resultan falsos, conseguir amigos en las provincias para inventar directivas provinciales que son fantasmas e inscribirlo en el Consejo Electoral, engañando a los funcionarios que deben cuidar del cumplimiento de los requisitos que la Ley Electoral señala.
Hemos podido ver partidos y movimientos políticos que se alquilan o se venden simuladamente, venta de puestos para diputados y últimamente Asambleístas, para concejales y, hasta para vocalías de Juntas Parroquiales. Partidos Políticos que no representan a nadie o que representan a algunos pocos parroquianos; y vivarachos –hay excepciones por supuesto- que buscan llegar a las distintas funciones públicas para enriquecerse ilícitamente. Y hemos comprobado como algunos ciudadanos con juicios penales encima, engrilletados y con órdenes de detención, han sido postulados e inscritos como candidatos a la Asamblea y otros cargos. En la actual Asamblea un poco más de sesenta Asambleístas tienen juicios penales por diferentes delitos. Un Consejo Nacional Electoral y un Tribunal Contencioso Electoral severamente cuestionados. Y eso, para no referirme a la calidad ética, preparación, experiencia profesional y trayectoria de los postulantes a las diferentes funciones. En suma, vivimos un proceso de descomposición política que finalmente aturde, confunde y engaña al electorado y denigra la democracia que vivimos.
Por ello, se hacen necesarias las reformas. El CNE debe tener la facultad de investigar el origen, composición y financiamiento de los movimientos y partidos políticos, y de los recursos económicos y bienes de sus directivos, militantes y simpatizantes. Deben analizarse los programas de gobierno, cómo los van a ejecutar y cómo se van a financiar. Así se evitarán ofertas demagógicas y engaños a los electores. Debe eliminarse el Fondo Partidario, porque los ecuatorianos no podemos financiar campañas de candidatos que no tienen posibilidades de llegar o de candidatos que llegan para luego atracar lo que puedan en las funciones para las que han sido elegidos. Deben estructurarse otras formas de realizar campañas políticas y de contactos con los electores y eliminar tanta propaganda que abomba a la ciudadanía. En fin, hay que escuchar a la ciudadanía, a representantes gremiales, politólogos, académicos, periodistas, para recoger ideas que sirvan para mejorar nuestra democracia.