El jueves 8 de agosto de 2019 se presentó formalmente la solicitud de juicio político en contra de la ministra María Paula Romo. Algo similar pasó con Alberto Dahik. El entonces vicepresidente durante el gobierno de Sixto Durán Ballén y líder del frente económico era amenazado con una interpelación legislativa en el mismo mes de 1995.
Dahik era, en la práctica, el jefe del gobierno. Así se distribuyó el poder porque el presidente Durán Ballén viajaba por el mundo para conseguir apoyo internacional. El presidente embajador se enfrentó a la crisis diplomática con el Perú de 1992 y a la Guerra del Cenepa, lo que demandó esfuerzos de negociación que impidieron su presencia permanente en Carondelet.
La oportunidad era inmejorable. Dahik aprovechó la tarima del juicio político, dio una cátedra en el Congreso Nacional, explicó los logros económicos del gobierno, llenó las cámaras de televisión y las portadas de los Diarios, catapultando su carrera a la presidencia.
A las 7 de la mañana del viernes 6 de septiembre de 1995 se cerró el telón del juicio político. El resultado del proceso dio la razón al segundo mandatario y lo exoneró de los cargos imputados. Tan solo 39 de 77 diputados pidieron la censura y destitución de los 52 para condenarlo.
El bloque compuesto por el PSC, el MPD, la ID y el APRE perdieron en la votación. Pero había una acción sin contemplar. Dahik había sido encausado penalmente. El 12 de septiembre de 1995, a pocos días de que se votara por la inocencia del vicepresidente, Carlos Solórzano Constantine, cercano a la DP, ordenó su prisión preventiva. Dahik viajó a Costa Rica donde consiguió exiliarse.
Las circunstancias políticas de Dahik y Romo son muy similares. En sus contextos históricos, ambos son actores que gobiernan, ambos preparan su camino a la presidencia y ambos son interpelados por sus adversarios. Aunque Romo no es investigada por la justicia ¿habrá considerado el efecto de un golpe extraparlamentario? (O)
