La Conaie esperó que el gobierno de Lasso cumpliera un año en el poder para anunciar su medida de hecho, previamente afirma que participó de varias negociaciones cuyos resultados fueron infructuosos. Una semana de paralización, y buena parte de los territorios sufren ya aislamiento y desabastecimiento.
El líder de la Conaie, Leonidas Iza, fue retenido o secuestrado, según se mire, en un gesto bastante torpe del gobierno, pero realmente lo que logró fue que la paralización y las acciones de los manifestantes se exacerben. Además de la Conaie, otras organizaciones sociales, de trabajadores, campesinos, empleados, estudiantes, maestros, jubilados, mujeres se han expresado en respaldo a la medida. También se puede notar pobladores y vecinos no organizados que se han unido a las manifestaciones libremente en diferentes provincias del país.
La Conaie ha planteado diez temas en sus demandas que tienen que ver con control al precio de los combustibles, moratoria de deudas, incremento de empleo, rechazo a la minería, respeto a derechos colectivos, oposición a las privatizaciones, control de precios, incremento de seguridad, presupuesto para salud y educación. Estas demandas, como podemos observar, no se circunscriben a intereses exclusivos de pueblos indígenas, al contrario, tal como ha ocurrido antes, el movimiento indígena mantiene una línea de reivindicación más amplia que no se conduele con lo que los estudiosos del movimiento afirman con relación a una supuesta línea étnica, frente a una línea clasista.
En fin, quizás el análisis de esta plataforma es insuficiente para tratar de interpretar el carácter de un movimiento social con semejante trayectoria. De todas formas, el lema “nada solo para los indios” se hace nuevamente presente. Sí se puede notar una gran ausencia, y es la del proceso fallido de la despenalización del aborto por violación, mostrando que insertar reivindicaciones de justicia de género en la agenda del movimiento indígena es cuesta arriba. Más allá de una esporádica declaración de Iza al respecto, no se tiene mucho más. Sin embargo, varias organizaciones feministas se han hecho presente cotidianamente en las marchas.
La estrategia con que se ha desplegado el movimiento ha sido paulatina e in crescendo. Y esto tanto porque así parece haber estado planificado cuanto por los múltiples errores del gobierno que han ido exacerbando los ánimos de la población. En efecto, el martes anunciaron algunas nuevas organizaciones que se plegaban a la medida y así sucesivamente el resto de los días de la semana que acaba de pasar, en una suerte de ir sumando fuerzas para lograr sostener una paralización con carácter de indefinida. También, al momento, están ponderando su discurso y llamando a mantener marchas pacíficas desterrando la violencia, estrategia que pretende ganar a los indiferentes o a aquellos que rechazan ese talante de acciones.
Desde la otra orilla, del gobierno de Lasso, autodenominado del “encuentro”, lo que ha habido es una sucesión de errores que van desde el silencio; la indiferencia ante la medida; el apresamiento del máximo dirigente de la Conaie; el llamado al diálogo de manera ambigua; reuniones irrelevantes con actores que no son los contradictores; la declaratoria de un estado de excepción desproporcionado entre lo que se incluía la prohibición del derecho de reunión y asociación y sin embargo, se están provocando débiles marchas en respaldo al régimen. En las alocuciones del presidente se señala que no ve detonantes para la movilización, pero eso significa no asumir las condiciones de vida actuales de la mayor parte de la población del país que por su acción y omisión se han ido configurando.
Solo si tomamos como ejemplo el tema de la minería, lo que tenemos como resultado de la política minera anterior, incluso la del correísmo, así como del decreto 151 expedido durante este gobierno, es que más de dos millones de hectáreas han sido vendidas a compañías mineras sin consentimiento y en zonas de bosques, páramos, fuentes de agua, zonas agrícolas, centros poblados, lo cual está desgarrando a esas zonas y sus poblaciones.
Y así podemos explayarnos en cada uno de los temas. Quizás lo que más cuestionan algunos expertos es la demanda del subsidio a los combustibles que constituye la punta de lanza de la plataforma y, ciertamente, parece que ahí es necesario que se revisen bien los mecanismos, así como los efectos de una medida que procure ajustar esos precios siguiendo las reivindicaciones del movimiento.
Retomando las acciones del ejecutivo podemos notar que la errática actuación del presidente, su despacho y su gabinete, constituye una de las debilidades más grandes que abona en su pérdida de credibilidad, que según las encuestas no supera el 15% a un temprano primer año de gestión. Medidas contradictorias, errores en cadena, ausencia de reconocimiento de su contradictor, en el fondo estamos ante una élite de poder, la conjunción entre élite económica y política, que aparentemente vive en una burbuja y sin capacidad de sintonizar con lo que ocurre en el país profundo. Todo ello aunado a un racismo y clasismo que aflora en un sector de la población urbana, va configurando un escenario impredecible.
El fantasma de la defenestración del gobierno ronda al país, no es por nada, tenemos una historia reciente en la etapa democrática que han sido defenestrados tres presidentes: Mahuad, Bucaram y Gutiérrez. Los detonantes -que parecen importarle a Lasso- los medios por los cuales se hicieron, las consecuencias para nuestra democracia son múltiples y complejas. No las vamos a analizar aquí, pero en el ambiente ronda esta eventualidad. Con una Asamblea que ha renovado su correlación de fuerzas, y que mientras escribo este artículo se apresta a debatir el reciente decreto de estado de excepción, se abre un abanico de posibilidades. Aquí juegan tanto la fuerza que adquiera el movimiento indígena con su ingreso a Quito que podría configurar un escenario de conmoción social, así como el rol que siempre ha jugado el ejército en esta clase de coyunturas políticas.
Otro escenario es el de la imposición de un autoritarismo que se instale a rajatabla y que obvie derechos y garantías constitucionales. Sin condiciones para que este autoritarismo tenga un respaldo en buena parte de la población, se sostendría fundamentalmente por la fuerza e implicaría una seria afectación al estado de derecho.
La posibilidad de que el gobierno rectifique su línea neoliberal y autista, y procure atender las necesidades más urgentes como salud, educación, empleo, seguridad, podrían configurar un escenario más beneficioso tanto para la población como para la institucionalidad democrática. La cuestión está en que se exprese esa sensibilidad de los actores en el poder.
