Economía política de la Revolución Ciudadana

- 06 de enero de 2017 - 00:00

Le quedan 138 días a Rafael Correa como presidente. En diez años de Revolución Ciudadana, si algo se ha logrado ‘revolucionar’ es el modelo de gobierno. No se puede entender el modelo de desarrollo ni la concepción de Estado que se avanzó desde el partido oficialista, sin una mirada integral de su ideal de economía política y lo que esto efectivamente significó.

El gobierno de Correa va a dejar menos niveles de desigualdad, menos pobreza, mayor acceso a educación y salud, y un aparato estatal con instituciones visibles. Pero esto, sin desmerecer la voluntad política de implementar un modelo que promueva estas condiciones, es un patrón que está anclado, como muchas otras cosas, al desarrollo general de la región, y una tendencia que ya se había producido desde 2003. De lo que se puede vanagloriar el Gobierno actual es de la considerable acumulación de infraestructura pública. Y el Gobierno se ha vanagloriado de esto a través de la propaganda de una imaginería de edificios, hidroeléctricas, hospitales, escuelas y, sobre todo, vías.

Para el Gobierno, el desarrollo se lo construye a base de esto, una inversión que cumple la doble función de dar un servicio y generar simpatía política (porque más votos gana un nuevo hospital que una nueva política pública). Que la acumulación de infraestructura promueve el crecimiento no es novedad. Por más de veinte años, estudios han mostrado la contribución de la infraestructura al desarrollo, especialmente en telecomunicaciones, transporte y energía. Es más investigadores han sugerido que la mayor brecha de desarrollo de los 80 y 90 entre Asia del Este y América Latina viene dada por esto. La infraestructura permite que los sectores más pobres se conecten con los centros de actividad económica, reduce los costos de producción y transacción, sin contar con los efectos específicos que producen los servicios de salud y educación, aumentados por la proximidad y acceso que se puede tener.

Pero el gran limitante a todo este proceso es que no ha logrado revolucionar el modelo económico como tal. El desarrollismo de Correa se ha basado en la redistribución de los recursos obtenidos por la renta petrolera, sin cambiar el modelo extractivista ni las relaciones de poder entre la burguesía y el resto. La acumulación de infraestructura solo es posible en tanto el precio del petróleo lo permita, y el cambio de la matriz productiva, a esta hora, parece más un cambio de commodity extraído que una transformación del modelo de producción. Entonces seguimos anclados al capital global y un modelo de mercado que se criticó con tanta vehemencia en 2007, pero que ha quedado inalterado en su fundamento.

La confrontación contra los grupos de poder tradicionales que Correa lideró temprano en su campaña, eventualmente se convirtió (o fue desde el principio) en una lucha contra toda oposición, venga desde la derecha o desde la izquierda. Esa incapacidad de interiorizar las críticas y de canalizar debates con los movimientos de base, que debieron ser el componente ‘ciudadano’ de esta revolución, ha alienado a sus aliados naturales. La intransigencia contra organizaciones populares, desde el movimiento indígena hasta el ecologista (cada uno con sus matices de legitimidad y su coherencia política), se replica en el manejo relacionado con temas de corrupción. Sin un cambio en el modelo económico, la confrontación continúa siendo una búsqueda de grupos de poder por posicionarse, mantenerse o retomar el poder.

Ninguno de los candidatos actuales ha propuesto el cambio de este modelo. Pero, en su inicio, Alianza PAIS sí lo hizo. Hay todavía mucha tela política que cortar, pero para eso estará la próxima semana. (O)

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