El debate alrededor de la Ley de Desarrollo Económico demuestra que las respuestas a los problemas económicos del país no dependen de criterios técnicos universales. El pensamiento económico es, en esencia, una estructura de conflictos políticos por resolver, atados a posicionamientos distintos que plantean una sola pregunta: ¿cómo distribuir los recursos de una sociedad?
El proyecto de Ley enviado por el Ejecutivo pretende reformar al sistema tributario ecuatoriano. La Ley plantea la posibilidad de recaudación de casi 1.900 millones de dólares hasta finales del 2023, a través de varios instrumentos de recaudación. El más discutido corresponde al de la modificación progresiva del impuesto a la renta de personas naturales. El gobierno estima la recaudación de 460 millones de dólares anuales, a través de la ampliación de la tasa marginal de la base de contribuyentes con ingresos que superen los 2.000 dólares. A pesar de aquello, el 90% de lo recaudado anualmente pertenecería a quienes ganan más de 2.500 dólares, tomando en cuenta que los trabajadores en el Ecuador ascienden a 273.726 personas, que conforman el 3.4% de la PEA. Sorprendentemente, el 80% de este grupo de personas gana $500 dólares o menos, y solamente el 4% supera ingresos de más de $5.000 dólares al mes.
Otro de los instrumentos controversiales corresponde a la contribución especial de personas de alto patrimonio, y empresas “ganadoras” durante la pandemia. Se estima el ingreso único de alrededor de $740 millones por efecto de esta contribución especial, que de alguna manera permitiría reducir la brecha fiscal en los próximos dos años, pero arrastraría el problema en el largo plazo, debido al hueco fiscal que se produciría después de la recaudación única. Ante esta propuesta, las cámaras empresariales han rechazado la medida bajo siguiente argumento: “cuanto más tributos tiene una economía, menor es la capacidad de producción”. Sin duda, existe suficiente evidencia científica al respecto, pero no en las condiciones que vive el país bajo la pandemia.
El déficit fiscal del Ecuador no es necesariamente el problema. Sin embargo, esta condición impide que el Estado pueda generar mayor política social y condiciones de inversión en salud, educación y tecnología, para generar crecimiento en el largo plazo. En ese sentido, lo que queda es pulir y apoyar un proyecto de reforma tributaria redistributivo y progresivo, que logre plasmar en el papel la necesidad de generar política económica para todos los ecuatorianos, y no solamente para las cámaras empresariales del país.
