La génesis fue el pasado 31 de octubre; el Ejecutivo remitió al Legislativo la Proforma Presupuestaria 2019 y la Programación Presupuestaria Cuatrianual 2019-2022, conforme la Constitución de Montecristi. Posterior al proceso parlamentario correspondiente, 90 almas en la Asamblea Nacional resolvieron devolver los mencionados instrumentos a sus hacedores, a efectos de que ellos consideren 17 recomendaciones, mismas que surgieron como fruto del análisis realizado por la Comisión del Desarrollo Económico, Productivo y de la Microempresa, y reflexionadas en el pleno, subsecuentemente; reflexiones que están relacionadas con varios temas, por citar: las asignaciones fijadas para varios sectores (y su base para el cálculo respectivo), la determinación del precio del barril del crudo establecido ($ 58,29), el monto de la deuda pública, o las concesiones previstas.
Ahora bien, más allá de la acción de devolución –con salvedad– legislativa para con la proforma 2019, y la decisión del Ejecutivo ante la misma –aceptación o insistencia en lo originalmente remitido–, y sin perjuicio que en las posteriores columnas de opinión me detenga en revisar aspectos tales como los mencionados en el párrafo anterior, o más complejos, como el tratamiento del Banco Mundial al ajuste fiscal en América Latina y el Caribe (costos versus beneficios); estimo propicio destacar dos rasgos notorios de la Proforma 2019: a) la misma ha sido publicada, de manera íntegra y detallada, a disposición de la ciudadanía mediante el portal institucional del Ministerio del Ramo; b) esmero en la reducción del tamaño estatal, ergo disminución del gasto, ergo ahorro. Ambas loables, sin duda alguna.
Estos rasgos materializan las afirmaciones del presidente Moreno sobre su régimen: transparencia y austeridad en la gestión de recursos públicos.
Cabe entonces consolidar los mismos en los demás poderes del Estado: presupuestos austeros y publicados para la opinión pública. (O)
