¿Qué motivaciones tienen los autonombrados provida para aliarse a un depredador de mujeres sentenciado por la justicia?
¿Cómo se puede entender que los provida aboguen por salvar dos vidas y que a la vez ataquen a Anahí Monge, la joven mujer a la que su entonces pareja le provocó un aborto a puntapiés?
La última paliza que recibió Anahí fue la que tuvo un desenlace fatídico. Anteriormente, ella fue ingresada en el Carlos Andrade Marín por una amenaza de aborto que se provocó por los golpes que le infirió Sebastián Caicedo. Está documentado: Anahí fue atendida en esa casa de salud e ingresó casi en estado de inconsciencia, con moretones y contusiones en todo el cuerpo.
Pese a haber recibido sentencia, el agresor sigue intimidando a la víctima y a sus testigos (“Yo sé dónde vives, te voy a mandar a empalar”); ¿hasta qué punto él se siente respaldado por haber recibido un certificado de honorabilidad -además notarizado- de su primo, el asambleísta Esteban Torres? Este certificado fue utilizado por el agresor en el juicio en el que fue sentenciado por provocar el aborto a Anahí Monge.
Lo que más duele e indigna en el caso de Anahí es que su agresor haya recibido mínima condena a pesar de la magnitud de su crimen y que, en este país, las sobrevivientes de violencia machista o los deudos de las víctimas de femicidio no sean atendidas por el Estado siguiendo los estándares internacionales de derechos humanos. Sebastián Caicedo fue condenado a 6 meses de prisión y a pagar a la víctima $ 5.000, que todavía no los entrega, sin que ninguna autoridad lo haya obligado a hacerlo; Anahí no recibió acompañamiento psicológico como parte de la sentencia. Estas actuaciones judiciales crean antecedentes funestos y retratan a Ecuador como un Estado tolerante y permisivo con la violencia machista, e incapaz de defender a un sector vulnerable, el de las niñas, las adolescentes y las mujeres. (O)
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