La campaña electoral inicia el último día de 2020. La inscripción de candidaturas ya culminó y poco a poco la discusión sobre la disputa por llegar a Carondelet es lo que nos ocupa.
Entre las preocupaciones que enfrenta la ciudadanía en el Ecuador, ante un proceso electoral inminente que convoca a las urnas en febrero y abril de 2021, está por un lado la alta exposición que va a producir mayores contagios en medio de una pandemia mundial que está lejos de acabarse y por otro lado el gigantesco gasto en el que va a incurrir el Estado que tiene tantas necesidades por cubrir.
El proceso electoral requiere de inversión importante, considerando aún más las medidas de bioseguridad. Se estima que, en el proceso de 2021, primera y segunda vuelta, se elegirá el binomio para la Presidencia y Vicepresidencia de la República; asambleístas y parlamentarios andinos lo que representará un egreso cerca de los $114 317 185,76. Adicionalmente hay que considerar el fondo de promoción electoral que, si bien en esta elección sufrió una reducción del 51% frente a los que estable el Código de la Democracia, oscilará alrededor de $ 20'327. 773.
El Fondo de Promoción Electoral (FPE) apareció en la legislación en 2009 cuando entró en vigencia la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia. El objetivo de esta asignación presupuestaria es que todos los movimientos políticos tengan la misma oportunidad de promocionarse en prensa escrita, radio, televisión, vallas publicitarias y medios digitales, durante la campaña electoral, así lo estable el artículo 202 del cuerpo normativo. Sin perjuicio de que existe también un porcentaje de fondeo que puede gestionar las agrupaciones políticas, bajo las directrices de transparencia y rendición de cuentas que dispone la ley.
El espíritu de esta normativa es justamente garantizar la equidad de acceso de los aspirantes a ocupar puestos de representación popular, pero sobre todo que el derecho de la ciudadanía a elegir libremente entre las mejores opciones sin que el poder económico de los grupos de interés intermedie esta decisión.
Sin embargo, hay que mirar la ley y los fenómenos sociales y políticos en su conjunto. Y preguntarse si con esta ley se pudo evitar que sean los grupos económicos influyan en las decisiones del Estado, o si se ha logrado que la ciudadanía participe de manera equitativa en las disputas políticas a partir de la incorporación de este código que ya ha regido algunos procesos electorales.
El FPE contempla varias reglas que se deben analizar de manera más profunda y en esta columna propongo reconocer que las leyes no siempre abonan en la solución de problemas estructurales, por ejemplo, en este caso los de la representación política. En los últimos años hemos visto una proliferación bárbara de candidaturas a las múltiples dignidades, sin que se fortalezcan los partidos políticos ni los mecanismos de representación democrática que estas agrupaciones deben garantizar.
En un país que no alcanza a cubrir las necesidades básicas de la ciudadanía, con altos niveles de pobreza y que acumula salarios impagos en la función pública, parece demencial que se gaste tanto dinero en promocionar la ambición política de unos cuantos.
