La idea de dignidad humana, para su realización a través de la vida social, inseparable de la condición humana, se plasma en cuatro valores, cuyo núcleo esencial lo ocupa la libertad, matizada y perfilada por la igualdad y la solidaridad, en un contexto de seguridad jurídica. Sin duda, la dignidad humana es el fundamento de la ética pública.
Este principio configura una organización jurídica y política, donde cada uno puede establecer libremente sus planes de vida o elegir entre aquellos proyectos institucionalizados, por un grupo social, por una Iglesia o por una escuela filosófica, que parte de la libertad inicial y que se inspira y fundamenta en valores.
En este ámbito, la dignidad humana se presenta como el referente principal de los valores políticos y jurídicos de la ética pública de la modernidad, y de los principios y derechos que de ellos derivan. Por tanto, la idea de dignidad humana constituye, igualmente, el fundamento de los derechos humanos.
Razón tiene Gregorio Peces-Barba Martínez en la obra, La dignidad humana, al afirmar que en este siglo XXI aparece en un contexto intelectual que ha superado avatares históricos y confrontaciones intelectuales y que se ubica en el proceso de humanización y de racionalización que acompañan a la persona y a la sociedad, en los diversos procesos de liberación que conducen, a la mayoría de edad, y segundo a una organización bien ordenada que contribuye al desarrollo de las dimensiones de esa dignidad.
La dignidad humana es hoy un referente del pensamiento moral, político y jurídico, y para este último se presenta como criterio de fundamentación de los valores, los principios y los derechos. De ahí su abundante presencia en la doctrina, en la legislación y en la jurisprudencia.
Es la cualidad de valía y honor, de allí que la norma sin operadores éticos se convierte en mala consejera, tal como la regla sin sabiduría del legislador, es mentira promulgada; sin jueces probos no hay legitimidad, peor justicia.
Urge entender la dimensión y naturaleza de la crisis en nuestro país, y no es el caso de explotarla en beneficio de un grupo, caudillo, o de algún interés por un espacio de poder.
Es el momento de admitir el auténtico valor de personas e instituciones, de plantearse la responsabilidad que está detrás de cada derecho, y de honrar la libertad. Pese a la multiplicación de núcleos de poder que dicen defender a las personas, hemos olvidado la dignidad, ese pequeño gran todo, esa nota que marca la diferencia de la humanidad de cada cual. El sentido de la honra parece no importar y la vergüenza ha caducado.
Las disposiciones del Decreto Ejecutivo emitido por el presidente Guillermo Lasso, en la búsqueda de erradicar la corrupción para lograr una administración pública transparente y eficiente al servicio de todos los ciudadanos, parece dormir en el sueño d los justos.
Los funcionarios públicos o empleados del Estado, ¿cumplirán con los catorce principios del Decreto? Espeluzna cuando una parte de los jueces- no todos- emite fallos cuestionados, sospechosos, contradictorios, e insólitos en favor de políticos que generan presunciones de corrupción al no ofrecer garantía ni imparcialidad.
Quito, es un ejemplo de lo dicho. Los días pasan y los problemas de la ciudadanía se profundizan mientras las autoridades continúan enfrascadas en revanchas, reclamos y conspiraciones cortesanas. La capital de los ecuatorianos, cumple ochenta días en medio de un tira y afloja de ‘dos alcaldes’, una telaraña de recursos legales y dependencias municipales a la deriva. Con cada uno amparado en sus respectivos recursos legales, los casi tres meses se cumplen en medio de una telaraña de diligencias.
Dadas las circunstancias, en cualquier momento puede producirse un colapso de proporciones en materia de infraestructura o servicios básicos y solo en ese momento la población alcanzará a entender el calibre del descuido que ha tolerado. El descalabro que vivimos no es solamente político y legal.
