La Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” se encuentra atravesando una verdadera situación de ilegalidad y de contraposición deliberada y rebelión al Estado Constitucional de Justicia y Derecho, por parte de la Junta Plenaria su máximo organismo de dirección. Ninguna Institución por respetable que sea ni ninguna persona está por encima de la Constitución y las leyes de nuestro país; ni nadie puede, le guste o no le guste, desacatar las decisiones de los jueces y autoridades competentes, simplemente porque no le da la gana de hacerlo. Violar las leyes, es burlarse y reírse del Parlamento ecuatoriano, que es quien las expide.
El 6 de febrero de este año, la Junta Plenaria expidió un Reglamento de Elecciones para normar la elección del Presidente de la Sede Nacional y de los Directorios de los Núcleos Provinciales, con disposiciones reformatorias de la Ley Orgánica de Cultura, lo cual, es una aberración jurídica, así como con normas que atentan a los derechos constitucionales de los artistas, gestores culturales y escritores de nuestro país. Con dicho Reglamento se elaboró un calendario de fechas para votar y se convocó a elecciones. Frente a este abuso del derecho, se presentó en Guayaquil una Acción Ordinaria de Protección, la misma que fue acogida por el Juez competente, quien dispuso la suspensión del Reglamento, de la Convocatoria de Elecciones y del calendario, hasta que ese Reglamento sea conocido y discutido debidamente por quienes son los que va a elegir. En la Audiencia de Resolución, la CCE apeló y ahora este asunto se encuentra para decisión de una Sala de la Corte Provincial de Guayas.
Lo inaudito es que el Presidente y la Junta Plenaria de la CCE, desacatando la resolución del Juez de Guayaquil, con excepción del Delegado del Ministerio de Cultura y de tres Directores de Núcleos, decidieron, sustentándose en el Reglamento suspendido, convocar a las elecciones y continuar con el proceso electoral. Para la Junta Plenaria no valen la Constitución y las leyes de Ecuador ni las decisiones judiciales. Por cierto, y para sentar un precedente, ya hay una denuncia penal contra ellos, porque el incumplimiento de una decisión judicial es un delito
Se busca la reelección de la mayoría de directivos que saben que deben rendir cuentas a la ciudadanía por el manejo económico de algunos millones de dólares y a cerca de 20.000 artistas, escritores y gestores culturales del RUAC a los que con el Reglamento de marras se los excluye de la votación. .
