La calidad es un componente crucial del derecho a la educación. Sin calidad, la educación no desarrolla las potencialidades del individuo y de las colectividades, e incluso podría inhibirlas o atrofiarlas. Grandes diferencias en la calidad de la oferta educativa ensanchan, en lugar de cerrar, las brechas de la desigualdad.
Entre las reformas más importantes a la Ley Orgánica de Educación Superior de agosto de 2018 está el cambio de enfoque en relación a la calidad y a la evaluación de las universidades. Antes se enfatizó la evaluación externa (desde fuera de cada universidad) y cuantitativa, orientada a clasificar a las universidades.
Ahora se plantea dar más importancia a una autoevaluación, más cualitativa, como base de un permanente aseguramiento de la calidad para todas. La evaluación externa del Caces (antes Ceaaces) sigue siendo fundamental y es un mecanismo de apoyo y acompañamiento en esta mejora continua.
El nuevo modelo de evaluación, aún en proceso, supone un ejercicio maduro de autonomía, a efectos de que las propias universidades observen realmente y por sí mismas sus logros y falencias, para mantener y corregir lo que fuere necesario. Para este efecto, las universidades incluso pueden realizar evaluaciones sin fines de acreditación, lo que se denomina cualificación.
El más grande riesgo es que la autoevaluación sea una farsa, una mentira que impida evidenciar los problemas que toda universidad tiene, impidiendo su mejora continua. El Caces y las comunidades universitarias deben participar apropiadamente para que se hagan autoevaluaciones serias.
Una autoevaluación bien hecha es una gran oportunidad para impulsar en cada universidad innovaciones cruciales. Al final, sin la decisión de las propias universidades no es posible impulsar cambios positivos y duraderos. La calidad educativa es y debe ser también una cultura y una decisión, un horizonte de la autonomía de cualquier buena universidad. (O)
