La demagogia cunde. Ecuador tiene 33 universidades públicas que, en conjunto reciben alrededor de 1.200 millones de dólares. La población en universidades públicas es de 340 mil alumnos. Ello significa que el gasto anual por estudiante es de alrededor de 3.500 dólares. En la época de la bonanza petrolera, con menos alumnos y más presupuesto, el gasto por estudiante era de aproximadamente 5.000 dólares. Es obvio que el sistema público de Educación Superior está en una situación crítica y, pese a ello, hay políticos que, desconociendo la realidad, indican que suprimirán el examen “Ser bachiller” para que “los jóvenes estudien la carrera que quieran, en la universidad que quieran”. ¡Qué absurdo! El sistema, como está, prácticamente ha colapsado. ¿Qué sucedería si, en efecto, el año siguiente el número de alumnos en universidades públicas aumenta de 340 mil a 450 mil y al año siguiente a 600 mil? Ni siquiera hay espacio físico para albergar a tanto estudiante. Harían falta unas quince universidades más y, obviamente no hay recursos para crearlas.
Si acaso la razón regresaría y habría un paréntesis en la demagogia y se suprimiría la gratuidad de la enseñanza en la universidad pública; si cada estudiante pagara cien dólares al mes, 1.200 dólares al año, o sea, 6 mil dólares por una carrera de 5 años, el Estado ahorraría 408 millones de dólares al año y, en 4 años podría tener 15 nuevas universidades públicas. Si un estudiante asume una deuda de 6 mil dólares por una carrera, probablemente en 3 o 4 años podría pagarla, sin mayor esfuerzo. Para lograr esto, habría que reformar la demagógica Constitución de Montecristi.
Por otro lado, no hay justicia alguna en la repartición del dinero a universidades públicas. La “emblemática” Yachay recibe 18 mil dólares anuales, por estudiante, mientras que la Universidad Central del Ecuador, apenas 2.542 dólares.
También hay que considerar el gasto ineficiente en las instituciones del Estado. En las universidades públicas, el 50% del personal es administrativo o trabajadores y el 50% son docentes. En las privadas el 75% son docentes. Así mismo, hay una disparidad notable en la ejecución del presupuesto entre las universidades públicas con rangos de 37% a 99% y promedio de 83%.
La universidad pública mejoraría si acaso los estudiantes pagarían un pequeño valor por la educación, lo que permitiría, a mediano plazo, aumentar los cupos. Si bien es verdad, es deseable aumentar el porcentaje de bachilleres que acceda a la universidad, el eliminar el examen “Ser Bachiller” sería desencadenar el caos absoluto. No es cuestión de masificar desordenadamente sino de planificar sin demagogia. Regresar al “libre ingreso” y mantener la gratuidad absoluta acabará aniquilando a la universidad pública. (O)
