De enero del 2020 a esta fecha “ha corrido mucha agua bajo el puente”, como dice la sentencia popular, expresión de haber pasado mucho tiempo desde que se evidenció la presencia del virus y el despertar del asambleísta por la salud del pueblo ecuatoriano, con un proyecto de ley al que se le ha titulado pomposamente “Ley Orgánica para la gestión de emergencia sanitaria por pandemia causada por el COVID 19 y sus variantes”.
El asambleísta reconoce que el 30 de enero de 2020 la OMS declaró que el brote de la enfermedad causada por el coronavirus era una emergencia de salud pública de importancia internacional, pero a cuya declaración no se le dio la atención que merecía y, por lo tanto, es evidente que nada hizo, por lo que se aplica aquel adagio popular de que, a confesión de parte, relevo de prueba. Entonces cualquier crítica a la desidia parlamentaria y propuesta tardía es bien traída, sin dar derecho al pataleo.
Y claro hoy aparece “preocupado” ante el rebrote con la variante que asomó hace ya algunos meses en el Viejo Continente y que forma parte de la crisis sanitaria que vive el país; fenómeno ante el que desde el Ejecutivo se ha venido actuando, verbi gracia, el plan de vacunación masiva y directrices emanadas del COE, por lo que estimamos que el marco legal que se pretende establecer estaría por demás, más allá de legitimar la actuación de ese organismo como es el COE que no ha parido buenos hijos en todos los cantones de la patria, pues no hay resultados. Caso contrario no estaríamos hablando de crisis ni de necesidad de legislar.
Es preocupante el proyecto de ley porque hace referencia a la limitación de derechos como son el de la libertad de tránsito, reunión e inviolabilidad de domicilio, lo que va de la mano con el establecimiento de sanciones sin crear infracciones. Y es que, al parecer, el asambleísta se deja llevar por aquella frase antigua que decía que la letra con sangre entra, cuando hoy por hoy el derecho punitivo está siendo cuestionado, y más bien se apuesta a mecanismos de prevención que en materia de salubridad es a donde se debe apuntar.
Alguien dirá “más vale tarde que nunca”, pero esto no cuaja ante la realidad. Los asambleístas sacan pecho de esa proeza legislativa, ante lo que ya se dice, que mucho ruido para tan pocas nueces. Ergo, el proyecto de ley no pasa de ser un anuncio publicitario de pésima gestión legislativa.
