Resulta paradójico que con una Constitución repleta de derechos y garantías el Ecuador haya atravesado un decenio de autoritarismo que hoy nos esforzamos por superar. La hora actual nos exige preguntarnos cuáles son los factores que hicieron posible esta agria contradicción, con miras a caminar por otra senda como país.

Uno de los varios factores que explican esta paradoja es la relativa falta de lo que podríamos llamar una cultura constitucional, es decir un sistema de valores socialmente arraigados que resguarde la eficacia de la Constitución.

Esa falta de cultura constitucional en Ecuador no ha sido ni es absoluta. Por ejemplo, durante el período de Correa  se produjeron acciones de resistencia en defensa de la Constitución, tales como protestas populares o valerosas expresiones individuales en defensa de las libertades.

Muchas veces se olvida que muchos movimientos y organizaciones sociales, así como ciudadanos individuales, protestaron y demandaron respeto a sus derechos durante el último decenio fundamentándose en la propia Constitución de Montecristi.

Sin embargo, no faltaron tampoco jueces que se subordinaron al Ejecutivo, comunicadores que callaron, funcionarios públicos que actuaron en un sentido que sabían que era contrario a los derechos y la democracia. Evidentemente falta mucho por lograr: en la práctica abundan políticos, jueces, autoridades y en general funcionarios públicos que no toman realmente en serio la Constitución.

Nunca tendremos un Estado de Derecho más vigoroso si no fortalecemos nuestra cultura constitucional. Los primeros en cumplir una tarea educativa al respecto deben ser justamente todos aquellos que ejercen potestades públicas. También tienen un rol fundamental los educadores, los líderes sociales y los comunicadores.

Los ciudadanos debemos exigir a todos quienes ejerzan o pretendan ejercer funciones públicas una conducta consecuente que contribuya a fortalecer la cultura constitucional del país. (O)