Sobre la actuación de los 9 jueces de la Corte Constitucional

Como paréntesis, ante todo destaco el permanente respeto irrestricto que El Telégrafo brinda a quienes tienen la alta responsabilidad de ser editorialistas en cuanto a solemnizar y permitir en plenitud la libertad de expresión y sus implicaciones tales como los señalamientos o las observaciones a los administradores del poder público. Así mismo, saludar la posición de quien hoy administra el Estado, específicamente el presidente Guillermo Lasso, quien en más de una ocasión ha manifestado su voluntad y decisión de respetar el ejercicio del derecho humano a difundir el pensamiento e ideas, aún cuando tales puedan configurar algún tipo de abuso del derecho; es más, el actual primer mandatario ha esgrimido el preferir que se cometan excesos en esta materia, que la voz sea o coartada o silenciada. De hecho, y solo para ilustrar: el canal administrado por el gobierno, TC Televisión, en específico, el señor Carlos Vera, ejerce comunicación profesional, brindando espacio a “todas las voces, todas”, aunque la referida acción implique la difusión de criterios que observan, que critican e inclusive que condenan las actuaciones u omisiones de “lo público”.

Ahora bien, hace pocos días las juezas y jueces de la actual Corte Constitucional, nueve personas para ser exactos, tomaron una decisión unánime, que ha cambiado la vida de los ecuatorianos, sí de los ecuatorianos: en palabras del ciudadano de a pie, nueve jueces dispusieron que aquellas personas profesionales de la salud que expusieron sus vidas y las de sus familias durante el inicio de la pandemia al atender a quienes se contagiaban de la COVID-19, y que han sobrevivido a esta tragedia de la pandemia (dado que hubieron quienes en el cumplimiento de su deber perdieron la vida), hoy ya no tienen derecho de acceder a estabilidad en el sector público de salud mediante la obtención del nombramiento correspondiente. Sí, esto ocurrió. No es ni una broma pesada ni una “inocentada”.

Al tener “algo de legitimidad” más que como ciudadano como estudioso por el Derecho (a mi haber varias capacitaciones en instituciones educativas nacionales y extranjeras, y un texto académico con el sello de la CEP Ecuador), lo esgrimí públicamente en mi cuenta de Twitter: “9 jueces de la Corte Constitucional han desilusionado al Ecuador al decir “mucho” sólo sobre el art. 25 de la Ley Humanitaria (…) qué dirán sus familias que probablemente se atendieron en pandemia (…) su actitud es propia de personas que pisotean los DDHH (sic)”. Hoy, y las veces que sean necesarias lo sostengo y lo seguiré sosteniendo. Pero, finalmente, mi voz puede ser desde errada hasta poco importante, aunque se suma al concierto de académicas y académicos de significativo prestigio universitario que expresaron su rechazo y repudiaron la decisión de los jueces de la Corte Constitucional. No obstante, parecería que no solo estamos “errados” quienes somos parte del mundo académico, sino también legisladores como Don José Chimbo, quien en un programa digital comentó al respecto, y que con la venia de El Telégrafo me permito citar:

“Quería condenar enérgicamente el dictamen emitido por la Corte Constitucional declarando la inconstitucionalidad del artículo 25 de la Ley Humanitaria, que era lo único que hablaba algo de humanitario. Me solidarizo con todos los funcionarios de salud que estuvieron en primera línea durante la pandemia (…) voy a revisar muy detenidamente esa sentencia (…) la Corte Constitucional se han (sic) burlado de los ecuatorianos; se ha (sic) burlado del personal que trabajaron en esta pandemia en el sistema de salud; (y) ha (sic) burlado a la Asamblea (…) estoy seguro que muchos familiares de los magistrados de la Corte Constitucional acudieron al Hospital (a hacerse atender), y a esos médicos que entregaron la vida no hayan reconocido ni respetado sus derechos (…)”.

Poco debo agregar, me basta con suscribir todas y cada una de las palabras del Asambleísta José Chimbo. Sin embargo, sintiéndome tentado a verter mi comentario, debo decir tan solo: a) se crea un escenario opaco y hasta de división en el propio cuerpo sanitario ecuatoriano: un solo frente del personal de salud que se “sacó la madonna”; un mismo esfuerzo, pero solo unos tuvieron nombramientos, y, a otros se los envió a la casa, y con ello a sus familias se las sentenció al desempleo; b) poca calidad humana se aprecia cuando quienes prácticamente estuvieron siempre libres del riesgo de contagiarse y morir por la COVID-19, dado que probablemente estuvieron en sus casas y en modo teletrabajo, hoy no hayan valorado, les importe menos que nada, y hayan despreciado a quienes decidieron ir a dejar sus vidas en los hospitales para salvar vidas, y que hoy muchos de las y los sobrevivientes deben cargar con secuelas socioemocionales; y, c) basta leer la sentencia sobre el tema aquí abordado para poder adjetivar que la misma fue precipitada, cruel y que, desde mi sano criterio, laceran Derechos Humanos. Es injusto, insultante y hasta despiadado que quienes votaron a favor de la sentencia se jacten de ser pro Derechos Humanos.

Me embarga el dolor. No puedo continuar. Prefiero, como el Papa Francisco, ante la inmisericordia humana, rezar, y decirles a quienes hoy se ven afectadas y afectados, no como consuelo, sí como insumo de entendimiento: son humanos, imperfectos, y que han cometido el pecado de olvidar que tal vez ustedes, hoy privados de su derecho legal a tener estabilidad laboral; tal como lo indicó el legislador Chimbo: atendieron y hasta curaron a uno o varios de los familiares de los magistrados constitucionales, o hasta a ellos mismos.