La existencia de una memoria para la discusión de una teoría administrativa en el Ecuador todavía está en proceso. Razón por la cual, se presenta precisamente como un desafío a ser enfrentado con seriedad por la academia ecuatoriana, hipótesis que ayuda en el sustento sobre la necesidad de disponer de un trazado histórico que nos sirva de sustento adicional para reconocernos como sociedad y principalmente para disponer de un respeto por las instituciones que construyen el Estado nacional.
Se considera que, en el ámbito de la administración pública en el Ecuador, más que en la administración privada, aparecen algunas pistas sobre la formación del quehacer administrativo a nivel nacional y que, gran parte de los modelos de gestión se han desarrollado en lo público antes que en el ámbito privado.
A lo largo de nuestra historia republicana, la administración y sus manifestaciones específicas no pueden ser analizadas desde otra perspectiva que no sea su comprensión como nexo regulador entre el Estado y la sociedad, como instrumento del ejercicio del poder real. De ahí que la institucionalidad administrativa en términos generales sea concordante con las exigencias y necesidades planteadas por las clases o fracciones de clase dominantes en los distintos momentos históricos.
Esta situación se repite en la historia del nuestro país con matices diferentes en la contemporaneidad y observamos el poco cuidado que se tiene con las instituciones del Estado, y en la anterior gestión de gobierno se observó con mucha claridad la utilización del aparato público con fines patrimonialistas. Los organismos de control pasaron a mano de los intereses políticos y la ausencia de moralidad, hasta el punto que el ex contralor está prófugo de nuestra justicia. Este es un pequeño caso que fragiliza al quehacer del Estado y su institucionalidad. También se utilizó, entre otros organismos estatales, a los organismos de poder electoral y muy probablemente lo que observamos en estos días son rezagos de un déficit institucional construido desde hace algún tiempo atrás.
Nos queda apostar en un control social fuerte que vaya más allá de las normas y de las instituciones, requerimos organizarnos como sociedad para ser los veedores de nuestras instituciones y los mandantes del futuro de nuestros hijos y del país. El control social es el conjunto de prácticas, actitudes y valores destinados a mantener el orden establecido en las sociedades, por esto, el control social es el derecho y un deber que tienen todos los ciudadanos, individual o colectivamente, a vigilar y fiscalizar la gestión pública con el fin de acompañar el cumplimiento de los fines del Estado, promover y alcanzar la realización de los derechos y consolidación de la democracia y la institucionalidad del Estado.
