En octubre de 2008 el país conoció la ley de contratación pública que instituía un sistema nacional, un ente de control y dinamizaba las compras del Estado.

Desde la literatura el cambio era bueno, pero trajo consigo modalidades de contratación, como el famoso régimen especial que tiene contra la pared a Yunda.

En un año de gestión el Municipio de Quito, a través de EPMOP, EPMAAP y Administraciones Zonales, contrató cerca de $ 50 millones con las empresas públicas INMOSOLUCIONES S.A. (100% ISSFA) e INNOVATIVA EP constituida en 2015 (ESPE), ambas vinculadas a militares.

Contratos que han sido observados por contener un esquema de triangulación, para beneficio de un constructor privado, llamado GEINCO, amargamente atado a la Refinería de Esmeraldas.

Usar el régimen especial no sería el problema, el error es no solicitar experiencia (porque no la cumplen), entregar anticipos del 50% sin garantía; evadir el procedimiento para beneficio de un privado y subcontratar en más del 30% permitido. Y aquí la explicación de INMOSOLUCIÓN no cabe, pues no suscribe contrato como consorcio ni subsidiaria.

Las administraciones zonales del Municipio, olvidaron lo especialísimo de este procedimiento y lo hicieron su favorito, entregando todo su presupuesto de obra a INMOSOLUCIONES S.A. e INNOVATIVA EP.

Aquí no hubo concurso público, otros proveedores, otras ofertas, ni publicidad; vulnerando así los principios de trato justo, igualdad, oportunidad, transparencia, y marginando a micro, pequeñas y medianas empresas, en una franca competencia desleal.

Este esquema, por primera vez develado en la capital, merece intervención Contraloría y acción urgente de Fiscalía, más aún cuando empresas públicas sirven de fachada, ¿a cambio de qué?, ¿para beneficio de quién?.

Estamos vigilantes de los sagrados dineros de Quito y exigimos a la autoridad que en lugar de bañarse de pueblo, responda políticamente por la administración de la ciudad y las ambiciones de sus funcionarios. (O)