Frente a dos hipótesis diferentes, la navaja de Occam sugiere que la solución más simple suele ser la correcta. Ocho años después del 30 de septiembre de 2010, estamos en un punto político donde el machete de la conspiración empaña cualquier lectura de lo acontecido.
Hay muchas preguntas por responder en torno al 30-S, muchas reacciones del Gobierno a criticar, y muchos elementos por esclarecer, pero hemos regresado a la hipótesis de que Correa ordenó dispararse a él mismo. Entonces quienes están empecinados en perseguir a Correa antes que hacer justicia, terminan por hacerle un favor a Correa y, de paso, manchar la memoria de las víctimas.
El problema se inició como una huelga dentro de un sector de la Policía que se vio perjudicado por las reformas institucionales que proponía la Ley de Servicio Público. Digo un sector, porque me cuesta creer que el cuerpo policial en su extensión no sepa leer y formar un criterio sobre la ley. Una intuición apoyada por el hecho de que en muchos lugares la huelga no fue acatada.
Pero fue una huelga policial que se tomó el Regimiento Quito donde el desafío del expresidente Correa sin duda tensó la situación, pero de ninguna manera la provocó. Y si bien uno puede cuestionar la actitud de Correa, o la manera en que pretendió manejar la situación, quienes se sublevaron violentando la ley fueron elementos de la Policía. Una sublevación policial tiene por construcción la violencia.
Más allá de la caracterización de “secuestro” o “no secuestro” en el que estaba el expresidente, había un grupo de personas con la clara intención de imponer su posición por la fuerza. En los audios de ciertos agentes sublevados que se presentaron en la prensa varios días después se podía escuchar la posibilidad de matar al presidente. Un presidente que, además, tenía legítima potestad de negar cualquier concesión a la Policía (a través de su veto legislativo) y de exigir el acatamiento de sus órdenes a la Policía.
Queda mucho por esclarecer. Hay mucho que se puede decir sobre la manera en que el Ejecutivo utilizó este hecho políticamente y los juicios que se llevaron a cabo. Quedan dudas sobre los responsables de la muerte de Froilán Jiménez y hay que cuestionar las pocas respuestas que dio el Gobierno anterior.
Pero no podemos partir de la presunción de que todo esto recae sobre Correa, como sugiere la Fiscalía. Que a quien estaban disparando es el culpable de ser disparado. En nuestra frágil democracia, es darle un pase libre a la siguiente insurrección. Y es hacer lo mismo que se critica tanto de Correa: politizar y tergiversar un hecho para sacar réditos electorales. (O)
