Desde hace unos pocos meses se viene realizando un concurso para reemplazar a 16 Jueces de la Corte Nacional de Justicia que luego de las evaluaciones correspondientes tuvieron que salir de sus funciones. Y sobre este concurso hay serias dudas de su idoneidad en la organización.
La Comisión Nacional Anticorrupción se retiró de la Veeduría Ciudadana porque ante información solicitada no encontró respuestas oportunas ni claras por parte del Consejo de la Judicatura que tiene bajo su competencia la organización del concurso. Los abogados Pedro Moreira Peña, Joe Ocaña y David Carrión han presentado acciones de protección pidiendo dejar insubsistente el concurso por presuntas irregularidades en el proceso para que se convoque a otro concurso en el que se den todas las garantías de transparencia.
El abogado Moreira señala: "Cómo puede el CJ entregarle a la ciudadanía un grupo de jueces de Corte Nacional si no se sabe cómo fueron electos esos jueces, si no se sabe si el sistema tuvo o no problemas, si son puestos a dedo o no)" (textual).. Y los Abogados Joe Ocaña y David Carrión expresan en su acción que: "existen varias denuncias de parte de sectores sociales y de los postulantes, cuestionando la opacidad, irregularidad y falta de transparencia, que se ha denunciado y que por ejemplo, no se ha tenido acceso a la información y toda la documentación aparejada de los postulantes, esta negativa obviamente deja dudas respecto a los méritos que pueden tener uno y otro candidato; y, convierte a la calificación y futura selección de los jueces en subjetiva y arbitraria".(textual)..Y la señora Delia Rosales, de la Veeduría Ciudadana, manifiesta: "A la veeduría le preocupa que inicialmente hubo 360 participantes (y) que, extraoficialmente conocieron, sin ninguna justificación documentada pasaron 100. Nuestra pregunta es qué ocurrió, porqué se quedaron fuera del concurso el resto de postulantes por fallas del sistema (...)”.
Ya no hay credibilidad ni confianza en dicho concurso, por lo que, el Consejo de la Judicatura debería anularlo y, proceder a hacer una nueva convocatoria, con requisitos exigentes y, de entre ellos, el que los participantes muestren públicamente a la opinión pública el origen y la licitud de sus bienes, un currículo que demuestre conocimientos y experiencias positivas y una conducta pública y privada intachables. Nada de declaraciones juramentadas de bienes y certificaciones de honradez mentirosas. Solo así, se podrá ir recuperando el prestigio de la Función Judicial.
