Soy el padre de Claudia, la niña de 13 años que fue violentada sexualmente por un conserje en un colegio religioso de Quito. Pese a que sus autoridades fueron alertadas dentro de las 24 horas que exige la ley para que se considere delito flagrante, increíblemente, dejaron escapar al sujeto. Ni así me detuve en mi afán de buscar justicia para Claudia y actualmente mi denuncia se encuentra en etapa investigativa. Quien agredió sexualmente a mi hija no es el único que debe responder; autoridades como la rectora, vicerrectora y sicóloga también lo harán, ¿es por eso que le dieron todas las facilidades a este depravado para que huya?

Lo cierto es que, cuando mi esposa y yo llegamos a la institución, las autoridades estaban acompañadas del abogado de planta con el que cuentan; ¿es su presencia parte de un esquema de amedrentamiento e intimidación?; ¿son más las estudiantes que, al igual que mi hija, han sido víctimas de abuso sexual en estas instalaciones?; ¿lo sufrido por Claudia fue un hecho aislado? Al parecer no: con mis familiares organizamos plantones donde me han contactado exalumnas que, con lágrimas en los ojos, me han confesado haber sido víctimas de acoso y abuso sexual al interior de este establecimiento. Ahora comprendo la importancia de no dejar que a estos hechos los devore el silencio, el tiempo y el olvido, porque basta que una sola víctima se arme de valor para que una avalancha de víctimas desenmascare a sus verdugos.

En estos casos es usual que los padres de las víctimas justifiquen al agresor, no crean a sus hijas o prefieran callar. Esa nunca fue mi opción y de esta situación Claudia saldrá fortalecida y con la frente en alto. Tampoco voy a “negociar” con las autoridades de esta institución, porque no hay dinero que borre lo que este desadaptado le hizo a mi hija: el caso está ya en manos de la justicia y son sus operadores los encargados de castigar con el máximo rigor de la ley al autor y sus cómplices.

¿Qué futuro existe en un país donde ciertas instituciones educativas son lugares peligrosos para sus niños, niñas y adolescentes?

¿Hasta cuándo las instituciones educativas preferirán salvaguardar su prestigio y cerrar filas en torno a delincuentes? (O)